La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes una nueva etapa marcada por la reducción de ministros, la eliminación de sus salas especializadas y la disminución de facultades. El Pleno funcionará con nueve integrantes, en lugar de 11, y deberá atender un rezago de mil 440 asuntos pendientes.
El cambio es resultado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, aprobada en 2024 en medio de protestas de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Nueve ministros electos en las urnas
Los nuevos integrantes del Máximo Tribunal fueron elegidos por voto popular en los comicios del pasado 1 de julio. Entre ellos figuran Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Corte; Lenia Batres, quien se autonombra “la ministra del pueblo”; la exfiscal Sara Irene Herrerías; Yasmín Esquivel; Loretta Ortiz; María Estela Ríos, exconsejera jurídica de López Obrador; el académico Giovanni Azael Figueroa, y los abogados Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa.
Todos han sido señalados por su cercanía con la llamada Cuarta Transformación.
Menos atribuciones y salas eliminadas
La reestructuración implica la desaparición de la Primera y Segunda Sala, responsables de resolver la mayor parte de los asuntos semanales. Con ello, el Pleno absorberá directamente los casos, aunque parte de la carga será devuelta a tribunales y juzgados, muchos encabezados por jueces sin experiencia previa en funciones jurisdiccionales.
Además, la Corte ya no tendrá injerencia en los órganos administrativos del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal fue sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, integrados mediante esquemas mixtos de elección popular y designaciones del Ejecutivo, el Senado y la propia SCJN.
“Jueces sin rostro” y dudas sobre el debido proceso
Otra de las novedades que comenzará a aplicarse es la figura de los llamados “jueces sin rostro”, quienes conocerán casos de delincuencia organizada bajo anonimato. El mecanismo busca proteger su seguridad, pero especialistas lo consideran contrario al debido proceso y la transparencia, pues limita el derecho de defensa de los imputados.
Un origen en disputa
Aunque López Obrador argumentó que la reforma buscaba “acercar la justicia al pueblo”, analistas y sectores de la judicatura recuerdan episodios de confrontación entre el exmandatario y el Poder Judicial: desde el desafuero que enfrentó en 2005, hasta resoluciones que frenaron proyectos emblemáticos como el Tren Maya, Dos Bocas o la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
Pese a la resistencia de jueces y magistrados, el Congreso aprobó la reforma en septiembre de 2024. Hoy, con la nueva integración de la Corte, el país abre un capítulo inédito en la impartición de justicia, en medio de cuestionamientos sobre independencia judicial, carga de trabajo y garantías de los derechos ciudadanos.