El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí estará conformado por figuras cercanas al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras las recientes designaciones de magistradas y magistrados realizadas mediante voto popular.
Cuatro de los 15 integrantes del máximo órgano del Poder Judicial potosino tienen vínculos directos con el actual gobierno estatal, mientras que al menos cinco perfiles electos no cumplen con el requisito legal de promedio académico mínimo.
Entre los casos más polémicos se encuentra el de Silvia Torres Sánchez, quien fue ratificada como magistrada y es hermana del secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, uno de los principales operadores políticos de Gallardo. Su continuidad en el cargo ha generado críticas por presunto conflicto de interés.
También destaca el nombramiento de Ángel Gonzalo Santiago Hernández, quien se desempeñó como subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del gobierno estatal. Aunque ya había ocupado cargos en el Poder Judicial desde 2002, su reciente paso por el gabinete y su bajo promedio académico lo colocan en el centro del debate sobre la idoneidad de las nuevas magistraturas.
Además, José Luis Ruiz Contreras, exfiscal del estado y actual secretario de Seguridad, fue designado magistrado pese a su renuncia anticipada al cargo anterior y a no haber acreditado el promedio mínimo de 8 en su carrera de Derecho, como establece la legislación vigente. La misma situación se repite con Mónica Kemp Zamudio, coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, y con Arturo Morales Silva, actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien permanecerá en funciones hasta que los nuevos magistrados tomen protesta.
A estos perfiles se suma Juan David Ramos Ruiz, actual magistrado de la Quinta Sala, también cuestionado por incumplir el requisito académico. Las impugnaciones presentadas en su contra fueron desestimadas por el Tribunal Electoral del Estado.
La renovación de las magistraturas, enmarcada en la reciente reforma judicial que permite la elección popular, dejó al Tribunal integrado por ocho mujeres y siete hombres, con una presidencia que será rotativa cada dos años. En esta ocasión, el cargo recaerá en Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien obtuvo 191 mil 664 votos y es magistrada de circuito en el Poder Judicial de la Federación.
Si bien algunos perfiles provienen del propio Poder Judicial estatal o de gobiernos anteriores, como Armando Rafael Oviedo Abrego, exfuncionario en el sexenio priista de Fernando Toranzo, la presencia de figuras directamente ligadas al actual gobernador y el aparente relajamiento en los requisitos han desatado cuestionamientos sobre la independencia judicial en la entidad.