A poco más de un mes de que se realizara la elección judicial en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García logró recomponer el terreno perdido colocando a perfiles cercanos a su equipo en uno de los órganos clave del nuevo modelo de justicia local: el Órgano de Administración del Poder Judicial.
La designación, aprobada el 4 de julio por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ha sido cuestionada por haber aprovechado vacíos legales en la Constitución local. Las imprecisiones fueron reconocidas incluso por la presidenta del Congreso local, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien calificó la reciente reforma judicial como un ejercicio de “ensayo y error”.
Los errores en los decretos de reforma, promovidos por la propia gobernadora y aprobados por el Congreso, abrieron la puerta para que el TSJE, aún bajo la presidencia de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, nombrara a los cinco integrantes del nuevo órgano administrativo que sustituirá al Consejo de la Judicatura a partir de septiembre de 2025.
Entre los nuevos integrantes destacan tres exmagistrados que perdieron la contienda judicial del pasado 1 de junio, pero que ahora ocuparán un lugar estratégico en la estructura del Poder Judicial local. Se trata de Antonio Sobrevilla Castillo, María del Socorro Hernández Cadena y Alma Rosa Flores Caballos, todos considerados cercanos a la mandataria veracruzana.
Junto a ellos fueron nombrados Diana Adivedh Cruz Violetas, exdirectora de administración del Consejo de la Judicatura, y Víctor Luis Priego López, exsecretario de acuerdos del mismo órgano. Ambos son afines a la actual presidenta del TSJE, también identificada como aliada de Nahle.
El nuevo órgano tendrá entre sus atribuciones la administración de más de 2 mil 500 millones de pesos anuales del presupuesto judicial, además de la asignación de plazas para jueces de primera instancia.
Sin claridad en la ley
La Constitución estatal, reformada este año como parte del llamado proceso de “democratización judicial”, no precisa en qué momento ni con qué mayoría debían designarse a los nuevos integrantes de este órgano. Tampoco establece si esa atribución correspondía al pleno actual o al renovado tribunal que entrará en funciones en septiembre, tras la elección.
El artículo 62 constitucional simplemente menciona que el Órgano de Administración será nombrado por el pleno, pero no fija plazos ni condiciones específicas, lo que permitió el llamado “madruguete” legislativo.
La elección judicial celebrada el 1 de junio representó un revés para la mandataria estatal. Sus candidatos sólo lograron ganar dos de las 21 magistraturas en disputa. La mayoría de los nuevos cargos en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y el nuevo Tribunal de Disciplina quedaron en manos de perfiles ajenos a su equipo político.
Sin embargo, la reciente conformación del Órgano de Administración, sin participación de los nuevos magistrados electos, es vista por analistas locales como una forma de retomar el control de uno de los brazos más poderosos del Poder Judicial veracruzano.
Cinco días después del nombramiento, Rocío Nahle se reunió en Palacio de Gobierno con la próxima presidenta del TSJE, Rosalba Hernández, y con integrantes tanto del Tribunal de Disciplina como del nuevo órgano administrativo. A la cita también acudió Lisbeth Jiménez Aguirre, actual presidenta del tribunal y figura clave en las recientes designaciones.
En redes sociales, la gobernadora aseguró que su administración mantendrá una coordinación estrecha con los nuevos órganos del Poder Judicial. “Nuestro compromiso y deber es servir al pueblo de Veracruz”, escribió.Mientras tanto, diversas voces de la oposición han señalado que el nuevo modelo judicial, lejos de democratizarse, podría estar reproduciendo las viejas prácticas de control político bajo un nuevo ropaje institucional.