La narcoviolencia que persiste en Sinaloa desde hace más de diez meses ha dejado profundas secuelas en el sistema educativo estatal, con afectaciones al aprendizaje de miles de estudiantes, el cierre prolongado de escuelas y un entorno generalizado de inseguridad que ha alterado la vida escolar, reveló un informe de la organización Mexicanos Primero.
El ciclo escolar que concluye esta semana ha estado marcado por la interrupción de clases, una asistencia intermitente y un entorno de miedo que impacta directamente en el bienestar de la comunidad educativa. Según el informe, a dos semanas del estallido de violencia en septiembre de 2024, el 59.5 por ciento de las escuelas de educación básica en Culiacán, 582 de 978, se mantenían cerradas. En los planteles abiertos, la asistencia fue mínima: apenas del 10 por ciento en preescolar, 11 en primaria y 27 por ciento en secundaria.
Aunque la situación mejoró de manera gradual, para diciembre aún había 97 escuelas sin clases presenciales y, a inicios de 2025, se estimó una pérdida de al menos 30 días de clase debido a la violencia. A ello se suma un dato alarmante: entre septiembre de 2024 y julio de 2025, al menos 50 menores de edad fueron asesinados en la entidad, de acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal.
La organización advirtió también sobre la inestabilidad institucional en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), que ha tenido tres titulares en menos de un año. La falta de continuidad en el liderazgo, aseguran, obstaculiza la planeación y el seguimiento de políticas educativas, en un contexto ya afectado por la desaparición de organismos autónomos de evaluación como el Coneval y Mejoredu, a nivel nacional.
En cuanto al aprendizaje, los datos son poco alentadores. De acuerdo con la Evaluación Diagnóstica 2023-2025 de Mejoredu, los alumnos de educación básica en Sinaloa no alcanzaron el 60 por ciento de aciertos en lectura ni matemáticas: apenas 53 por ciento en primaria y 52 por ciento en secundaria.
“Estas cifras confirman que la crisis de aprendizaje persiste, y se requiere una política educativa de fondo y con continuidad”, sentenció Mexicanos Primero.
Además de la violencia, la organización señaló carencias estructurales graves: el 18 por ciento de las escuelas no tiene acceso a agua potable; 4 por ciento carece de electricidad; 13 por ciento no tiene sanitarios independientes y 12 por ciento no cuenta con espacios para el lavado de manos. El 74 por ciento de los planteles no está adaptado para personas con discapacidad y la brecha digital es crítica: 62 por ciento de las escuelas no tiene computadoras y 61 por ciento no tiene acceso a internet.
A esto se sumaron interrupciones por cortes de energía eléctrica en enero, que afectaron al menos 39 planteles, limitando el regreso a clases presenciales en medio de altas temperaturas.
El panorama se complica aún más con los recortes presupuestales. Aunque el gasto educativo representa el 49.9 por ciento del presupuesto estatal, se observó una caída real del 3.8 por ciento. La educación especial se redujo en 5.3 por ciento y el apoyo a migrantes en 4.4 por ciento. La inversión en infraestructura escolar tuvo una disminución del 28.3 por ciento.
Ante esta situación, Mexicanos Primero Sinaloa propuso seis acciones prioritarias:
- Crear un organismo estatal de evaluación educativa.
- Desarrollar un sistema integral de información sobre logros, infraestructura y necesidades del personal.
- Fortalecer la formación docente y reducir la carga administrativa.
- Implementar un plan de recuperación de aprendizajes con objetivos medibles.
- Garantizar condiciones mínimas de infraestructura escolar.
- Asegurar un presupuesto educativo progresivo, equitativo y con mecanismos de seguimiento.
La organización advirtió que sin acciones decididas, la crisis en Sinaloa podría dejar a toda una generación sin las herramientas básicas para su desarrollo.