La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) volvieron a posponer la audiencia judicial correspondiente a la demanda de amparo interpuesta en 2019 contra el proyecto del Tren Maya.
La audiencia, que estaba prevista para el pasado 10 de julio, no se llevó a cabo, sumándose a una serie de diferimientos que han prolongado el juicio por más de cinco años sin resolución en primera instancia.
El juicio busca frenar la operación total del Tren Maya, argumentando afectaciones socioambientales en los siete tramos que integran el megaproyecto ferroviario que atraviesa la Península de Yucatán, desde Chiapas hasta Quintana Roo, pasando por Campeche, Tabasco y Yucatán.
Durante audiencias previas, las autoridades federales han argumentado falta de acceso a los dictámenes periciales presentados por la parte quejosa, lo que ha motivado nuevos aplazamientos del proceso.
De acuerdo con lo previsto en estándares judiciales nacionales, un proceso de esta naturaleza tendría que resolverse en un periodo de hasta dos años. Sin embargo, el expediente se encuentra aún en fase preliminar, sin una sentencia definitiva, pese a que los documentos han sido digitalizados y están disponibles en el expediente electrónico.
La demanda se enfoca en las consecuencias ambientales acumuladas desde la construcción del proyecto, entre ellas, fragmentación del territorio, afectación a servicios ecosistémicos y modificación de dinámicas comunitarias. Los impactos han sido señalados en estudios elaborados por especialistas en conservación y urbanismo.
A la par del proceso judicial, el proyecto Tren Maya continúa en expansión y desarrollo. Las comunidades afectadas han denunciado, a través de vías legales y administrativas, el incremento en los costos de vida, el alza en las rentas y servicios, así como la modificación del entorno ambiental y urbano, incluyendo la pérdida de conectividad biológica y el relleno de humedales.
La organización legal que lleva el proceso ha advertido sobre la importancia de que el Poder Judicial resuelva con base en los parámetros de derechos humanos y medio ambiente, ante el contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad en la región.
Semarnat y Fonatur, como instancias responsables de la autorización y ejecución del proyecto, deberán responder a los señalamientos sobre actos y omisiones que, conforme al expediente, podrían constituir violaciones a derechos colectivos.
El juicio continúa abierto.