Pese a que denunció irregularidades en más de 29 mil casillas de la elección judicial, la ex candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez Valero, vio su denuncia rechazada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La razón: presentó su impugnación 22 segundos después del plazo límite.
Martínez Valero argumentó que durante la jornada electoral del 1 de junio se registraron sustituciones indebidas de funcionarios en el 34.5% de las casillas instaladas, una proporción que, según su equipo jurídico, justificaría la nulidad de toda la elección para integrar a nuevas ministras y ministros en la SCJN. Sin embargo, el Tribunal decidió no entrar al fondo del asunto, al considerar que su juicio de inconformidad fue extemporáneo.
En su demanda, Dora Martínez impugnó los resultados de los cómputos distritales al argumentar que muchas mesas directivas se integraron con personas que no pertenecían al listado nominal de su sección electoral, lo que, según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, constituye una causal directa de nulidad.
“Estoy segura, porque lo viví en mi propia casilla: hubo funcionarios que no eran de la sección”, afirmó la excandidata en entrevista. Su equipo identificó más de 29 mil casillas con sustituciones que, afirma, no cumplen con lo establecido por la ley.
El Tribunal desechó la impugnación durante la sesión del 2 de julio. El proyecto, presentado por la magistrada Janine Otálora, se basó en que el plazo legal de cuatro días para presentar el juicio habría concluido el 9 de junio, pero la demanda fue ingresada en línea, presuntamente, el 10 de junio a las 00:00:22 horas.
Martínez Valero refutó ese dato con capturas de pantalla, videos y el acuse de recibo electrónico que muestran, según su dicho, que el documento fue ingresado dentro del plazo legal. Aun así, la Sala Superior consideró que el sistema digital de juicios en línea es «inmanipulable» y no admitió sus pruebas.
Solo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del desechamiento. Señaló que el plazo debió contarse a partir del momento en que la actora tuvo acceso pleno a las actas y documentación necesarias, ya que el INE le entregó los documentos requeridos hasta el 25 de junio, en un formato desordenado y de difícil análisis.
“La promovente no pudo ejercer su derecho de defensa de forma completa. El juicio debió considerarse oportuno”, sostuvo el magistrado al emitir un voto particular.
La mayoría, integrada por las magistradas Otálora y Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, también determinó que no existía acto impugnado al momento de presentar el juicio, al no haberse emitido aún la declaratoria nacional de validez.
El caso podría impactar directamente otro expediente aún en análisis, el SUP-JIN-242/2025, que guarda relación directa con los mismos hechos. Dora Martínez advirtió que esta negativa del Tribunal sienta un precedente preocupante sobre el acceso a la justicia electoral, especialmente cuando las irregularidades en la elección judicial aún no han sido plenamente investigadas.