Grupos delictivos que operan en distintos municipios del Estado de México han encontrado una nueva fuente de ingresos en la venta ilícita de agua. De acuerdo con autoridades que investigan este delito, las ganancias por esta actividad superan los mil millones de pesos anuales.
Los criminales han perforado pozos propios y creado tomas clandestinas desde donde extraen el líquido, que luego distribuyen en pipas a comunidades afectadas por la escasez, principalmente en municipios como Texcoco, Ocoyoacac, Chicoloapan, Jocotitlán y Ecatepec.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó que entre abril y la fecha han sido asegurados al menos 12 extractores hídricos ilegales, entre ellos tres pozos, y 26 tomas clandestinas. El operativo más reciente tuvo lugar el pasado jueves en Ecatepec, donde fueron localizadas instalaciones ilegales en domicilios cercanos a pozos.
“Con estos operativos hemos logrado impactar la estructura financiera de estos grupos”, indicó una fuente de la Fiscalía. Se estima que una sola pipa con agua robada puede venderse hasta en cuatro mil pesos, dependiendo de la zona.
Las acciones de seguridad se emprendieron tras denuncias anónimas y tras el seguimiento de reportes que llegaron a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso mexiquense, así como a diversas dependencias estatales y federales.
Miriam Silva, diputada y presidenta de dicha comisión, denunció que durante uno de los operativos en Chicoloapan, un grupo de personas intentó evitar que las autoridades aseguraran al menos ocho pipas que se encontraban en el lugar.
“Cuando estaban asegurando el inmueble, empezaron a llegar muchísimas personas. De repente se armó un conato de violencia, incluso hubo bloqueos. Al final no pudieron incautar todas las pipas”, relató.
Silva explicó que una parte importante del agua robada termina en Ecatepec, donde la población enfrenta severos problemas de abasto. En colonias como Las Américas, los mil litros del líquido pueden alcanzar un precio de hasta 400 pesos, mientras que en otras zonas del municipio se comercializa entre 200 y 300 pesos por la misma cantidad.
Las autoridades reiteraron que el agua que se extrae, transporta y vende de esta forma carece de permisos y constituye una mercancía ilegal, al tiempo que advirtieron que los operativos continuarán para frenar esta actividad, que ha escalado de forma alarmante.