El diputado federal Pablo Vázquez Ahued, del partido Movimiento Ciudadano (MC), propuso la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Seguridad Pública y Seguridad Interior, con el objetivo de establecer un mayor control legislativo sobre el despliegue y operación de las fuerzas de seguridad en el país, así como de sus resultados.

La iniciativa, presentada en la Comisión Permanente del Congreso, contempla una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer como obligación del Ejecutivo federal la entrega de un informe semestral.

Dicho reporte deberá detallar los mecanismos físicos e informáticos por los que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) accede a bases de datos, sistemas, registros y demás fuentes de información del Estado mexicano mediante interconexión.

El informe también deberá incluir los acuerdos, grupos de trabajo y cualquier otro aspecto que el CNI considere relevante, de acuerdo con lo que estipule la ley.

“Que esta comisión también analice el nuevo marco de inteligencia que se diseñó en México, para verificar que se esté haciendo de manera correcta, respetando la normatividad, la privacidad y los derechos humanos, y que desde luego sirva para perseguir los objetivos de combate a la delincuencia”, explicó el legislador emecista durante su intervención.

La propuesta considera que esta nueva comisión bicameral, de carácter permanente, se instale al inicio de cada Legislatura y esté integrada por cinco senadores y cinco diputados, garantizando la paridad de género y la representación proporcional de los grupos parlamentarios.

Entre las facultades que tendría esta instancia se encuentra la evaluación continua de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de sus resultados, así como la posibilidad de solicitar informes específicos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comandancia de la Guardia Nacional.

Además, se prevé que pueda emitir recomendaciones técnicas al Ejecutivo sobre el despliegue y actuación de la Guardia Nacional, formular observaciones, requerir información adicional o convocar a comparecencias de las autoridades responsables del diseño y ejecución de la política de seguridad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.