Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó contratos por más de 500 millones de pesos para la compra de diésel a una empresa con vínculos documentados con redes de robo de combustible, conocidas como “huachicol”, y presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en 2020 la Sedena otorgó contratos a la empresa Ecocarburante, cuyo copropietario en ese momento era Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario señalado por autoridades estadounidenses por lavado de dinero y ligado a compañías previamente incluidas en listas negras por operaciones financieras ilícitas.
Zamora Delgadillo ha sido socio de Impulsora de Productos Sustentables, empresa señalada por su participación en redes de huachicol, en la que también figura como accionista José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía Santiago, actualmente preso por su presunta participación en crímenes cometidos en el Rancho Izaguirre.
Contratos pese a irregularidades
En diciembre de 2019, Ecocarburante obtuvo un contrato de la Sedena por hasta 496 millones de pesos para suministrar 27 millones de litros de diésel importado de ultra bajo azufre. Sin embargo, desde los primeros meses la empresa incumplió los plazos de entrega, provocando retrasos en las obras, según consta en un oficio firmado por el coronel Alberto Pérez Valenzuela, del agrupamiento de ingenieros militares de Santa Lucía.
Pese a los incumplimientos, en 2020 se le otorgó a Ecocarburante un segundo contrato por 12.9 millones de pesos para entregar hasta 180 mil litros mensuales de diésel. Incluso se modificó el contrato original, con la anuencia del general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la obra.
Red de empresas con nexos criminales
Las investigaciones de MCCI revelan una compleja red empresarial entre Ecocarburante, Impulsora de Productos Sustentables y Mefra Fletes, esta última señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable del transporte de combustible robado en decomisos realizados en Tamaulipas y Baja California.
José Isabel Murguía Santiago figura como socio y administrador de Mefra Fletes desde 2019, mientras que el representante legal de Ecocarburante, Miguel Castellanos Cruz, también ha sido vinculado con esta compañía. En documentos oficiales, se detalla que las tres empresas comparten apoderados, socios y representantes, lo que evidencia un entramado de colaboración entre firmas relacionadas con actividades ilícitas.
Según un acta notariada de 2020, Impulsora de Productos Sustentables adeudaba a Ecocarburante 175 millones de pesos, lo que derivó en una aportación de capital que fortaleció financieramente a esta última justo en el momento en que recibía pagos de Sedena por la obra del AIFA.
Presencia en el AIFA
Durante su operación, Ecocarburante instaló una estación de servicio dentro del mismo terreno del AIFA, a un costado de las oficinas y dormitorios del personal militar. Ahí contaban con dos tanques de almacenamiento de 80 mil litros y otro de 40 mil en el área conocida como Frente 12, usados para abastecer maquinaria pesada y vehículos durante la construcción del aeropuerto y la reubicación de instalaciones militares en Santa Lucía.
Hasta noviembre de 2020, la empresa ya había facturado cerca del 70 por ciento del monto total del contrato original, según documentos internos.
Silencio oficial
Pese a los señalamientos y la gravedad de los vínculos expuestos, hasta ahora la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una postura pública sobre la contratación de esta red empresarial ligada al huachicol y al crimen organizado.
Mientras tanto, el AIFA, una de las obras emblemáticas del actual sexenio, quedó manchada por la sombra del combustible robado.
