Los contratos adjudicados a empresas señaladas en el llamado “Caso Koldo”, un esquema de presunta corrupción que actualmente se juzga en España, dejaron también una estela de irregularidades en México, particularmente en el proyecto insignia del sexenio pasado: el Tren Maya.
Las compañías españolas AZVI, Acciona e Ineco fueron beneficiadas con contratos por miles de millones de pesos para distintos tramos del tren, algunos por adjudicación directa, otros mediante licitación, pero todos con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, hasta el momento, no han derivado en sanciones.
AZVI, en consorcio con Grupo Indi, obtuvo en junio de 2020 la construcción del Tramo 3, que va de Izamal, Yucatán, a Calkiní, Campeche. El contrato original fue por 10 mil 192 millones de pesos, pero para 2023 ya había escalado a más de 23 mil 114 millones.
En su auditoría de cumplimiento a inversiones físicas, la ASF reportó un presunto daño al erario por 65.4 millones de pesos en ese tramo. Entre las anomalías detectadas figura un pago de 18.2 millones por protección y salvamento arqueológico, pese a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicó que en esa zona no había monumentos arqueológicos.
También se documentaron pagos por más de 8.8 millones por obras en estaciones que no fueron ejecutadas y 10.4 millones por “mitigación ambiental” sin comprobación de los trabajos.
Por su parte, Ineco, empresa pública del Ministerio de Transportes de España, recibió en diciembre de 2020 un contrato por adjudicación directa de 390 millones de pesos para revisar la ingeniería básica del Tren Maya.
Según el entonces director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, antes se había convocado a una licitación que fue declarada desierta.
Otra de las adjudicaciones más cuestionadas fue la del Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, que en enero de 2021 fue asignada a Acciona en alianza con Grupo México por un monto de 15 mil 358 millones de pesos. La ASF concluyó posteriormente que no fue la mejor propuesta, ya que se desecharon al menos dos opciones más económicas. Irónicamente, el consorcio ganador tampoco cumplió con el requerimiento técnico que fue usado como justificación para descartar a sus competidores.
La misma auditoría identificó un desfalco adicional de 9.2 millones de pesos por intereses derivados de pagos anticipados e indebidos. Las obras de este tramo comenzaron sin contar con el estudio de impacto ambiental, lo que derivó en múltiples suspensiones judiciales por amparos y por los constantes cambios de ruta.
Tras los retrasos, el Gobierno federal optó por rescindir el contrato con Acciona y Grupo México, para entregar la obra a la Secretaría de la Defensa Nacional, con un finiquito previsto de 5 mil 300 millones de pesos, casi la tercera parte del contrato inicial.
En medio del juicio en España, uno de los implicados, Víctor de Aldama, ha confesado que AZVI le entregó 18 mil euros en sobornos por contratos de obra en ese país.
La empresa lo ha negado, pero la sombra del caso alcanza a México, donde las mismas firmas obtuvieron millonarios contratos con señalamientos de irregularidad y opacidad que hasta ahora permanecen sin consecuencia.