En medio de un ambiente de desconfianza por parte del gremio periodístico, y precedentes como los de Puebla y Campeche, así como reclamos por parte de organizaciones civiles, el Congreso del Estado de Sinaloa decidió frenar el avance de dos controvertidas iniciativas que pretendían tipificar la violencia digital y la violencia política en razón de género, esto como parte de un paquete más amplio en materia de ciberseguridad.
El anuncio lo hicieron este viernes la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, y la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, quienes reconocieron que ambas propuestas serán replanteadas para evitar que se presten a interpretaciones que amenacen derechos fundamentales como la libertad de expresión.
La decisión se dio tras un encuentro con medios de comunicación, activistas y defensores de derechos humanos, quienes alertaron sobre los riesgos de que dichas reformas, en su redacción original, fueran utilizadas como herramientas de censura o como un mecanismo para inhibir el trabajo periodístico en la entidad.
«Este retroceso en el proceso legislativo representa una muestra de apertura y compromiso con la ciudadanía», declaró Guerra Ochoa, aunque defendió que el espíritu de la iniciativa responde a una necesidad legítima de atender delitos en entornos digitales, como suplantación de identidad, campañas de difamación y violencia patrimonial.
Sin embargo, la también ex titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado reconoció que cualquier intento de legislar en la materia debe blindarse para no vulnerar el derecho a informar ni el derecho a disentir.
Por su parte, Martínez Rodríguez negó que las iniciativas tuvieran un trasfondo punitivo contra la prensa y aseguró que el Congreso abrirá una serie de mesas técnicas con periodistas, académicos y especialistas en derecho digital. El objetivo, dijo, será construir un marco legal «sólido y ampliamente consensuado».
El episodio ha encendido focos rojos no sólo a nivel local, sino también nacional. En estados como Puebla y Campeche, legislaciones similares han sido señaladas por organismos y activistas como intentos por legalizar la persecución de comunicadores y voces críticas.
Aunque la diputada Guerra Ochoa subrayó que en Sinaloa existen mecanismos de protección, como la Vicefiscalía especializada en delitos contra periodistas, lo cierto es que el estado no es ajeno a las agresiones contra la prensa. Tan sólo en 2023, al menos una decena de reporteros denunciaron amenazas o actos de intimidación por su trabajo.
Con este paso atrás, el Congreso sinaloense se coloca en un momento clave para corregir el rumbo y evitar que, en nombre de la ciberseguridad, se abran puertas a la criminalización del ejercicio periodístico.
Las iniciativas permanecerán en análisis dentro de comisiones legislativas, en espera de una nueva versión que verdaderamente proteja a las víctimas de violencia digital sin atentar contra el derecho a la información. Por ahora, la alerta en el gremio sigue encendida.