El Partido Acción Nacional (PAN) replicó el modelo de control judicial que tanto ha criticado al oficialismo. En Aguascalientes, nueve de los once nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia son funcionarios que trabajaron este mismo año en el gobierno estatal encabezado por la panista María Teresa Jiménez.
Una investigación del medio digital Animal Político reveló que el 81% de quienes obtuvieron una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial tienen vínculos directos con la administración estatal o fueron designados por la propia gobernadora en cargos anteriores.
Este fenómeno evidencia una lógica de reparto de poder que no distingue colores partidistas. Aunque el PAN denunció imposiciones de Morena en la elección federal de jueces, en Aguascalientes reprodujo la fórmula: las urnas sirvieron para encumbrar a perfiles afines al grupo político en el poder.
Felipe Ávila Orozco, que hasta abril fungía como subconsejero jurídico del gobierno estatal, fue electo presidente del Supremo Tribunal con más de 88 mil votos, el más alto de toda la elección. Lo acompañan en el tribunal figuras como Mariana de Fátima de León Barba, exdirectora del ISSSSPEA; Cynthia Trujillo Lara, excoordinadora del programa Casas del Bien Común Rurales, y José Franco Muñoz, exprocurador de la Defensa del Trabajo.
Otros perfiles con cargos recientes en áreas clave de la administración estatal, como Desarrollo Social, Gobierno y el DIF, también ganaron un lugar en el tribunal.
El Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que debe vigilar el actuar de los jueces, tampoco escapó al reparto. Su futura presidenta, Alicia Núñez Medina, fue asesora del Congreso local en 2025, mientras que otras dos integrantes, Martha Elba Dávila y Janett Romo, llegaron al Supremo Tribunal por propuesta directa de la gobernadora y ahora darán el salto al tribunal de vigilancia interna.
El disfraz de la elección
El proceso de selección judicial, que por primera vez se abrió a voto ciudadano en el estado, terminó por consolidar una mayoría alineada al partido gobernante. Aunque los tribunales deben operar con independencia del poder ejecutivo, los resultados muestran una colonización institucional disfrazada de elección democrática.
En contraste con lo que se ha señalado desde el panismo en los estados gobernados por Morena, Aguascalientes replicó la estrategia: colocar cuadros propios en espacios clave de justicia.
La elección judicial se realizó también en Chihuahua, otro estado gobernado por Acción Nacional, mientras que en Querétaro y Guanajuato, ambos bastiones panistas, este proceso se llevará a cabo hasta 2027.
El Instituto Electoral de Aguascalientes ya concluyó los cómputos oficiales y se espera que en los próximos días entregue las constancias de mayoría a los ganadores.
La intención detrás de abrir los cargos judiciales a elección popular era legitimar y acercar al ciudadano al poder judicial. Sin embargo, en la práctica, el proceso devino en una estrategia de cooptación política, que en este caso favorece al PAN, pero que repite patrones ya denunciados en el oficialismo federal.