El Poder Judicial de Campeche vinculó a proceso al veterano periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, bajo cargos de “incitación al odio y a la violencia” por publicaciones presuntamente ofensivas contra la gobernadora morenista Layda Sansores San Román. Como parte de las medidas impuestas, se le prohibió ejercer el periodismo, se ordenó el cierre de la versión digital del medio y se le sentenció a pagar una millonaria indemnización.
La decisión fue dictada por la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada tras una audiencia que se prolongó más de 12 horas. Además, también fue vinculado a proceso Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, empresa editora del medio, lo que ha encendido las alarmas entre comunicadores y defensores de derechos humanos por el precedente que esta acción establece.
Silenciar con el aparato de Estado
Aunque la defensa presentó pruebas documentales que acreditan que González Valdez se jubiló en 2017 y no mantiene vínculos operativos con la plataforma digital, la jueza lo responsabilizó de haber ordenado la publicación de los textos considerados ofensivos. La sanción incluye la prohibición expresa de ejercer el periodismo, oficio al que ha dedicado más de cinco décadas.
“Es un ominoso precedente para los periodistas independientes del país”, expresaron los afectados, quienes acusan que el gobierno de Layda Sansores ha instrumentalizado el poder judicial para perseguir y castigar la crítica.
La versión impresa de Tribuna dejó de circular en febrero de 2023, y desde entonces operaba únicamente a través de internet. Tras el fallo judicial, también se ordenó el cierre definitivo de su página web.
Persecución política con argumentos morales
La gobernadora argumentó que las publicaciones del medio incurrieron en una supuesta “libertad de agresión” en su contra por razones de género, desvirtuando así el concepto de libertad de expresión. “Es preocupante que se utilice el discurso feminista para justificar la censura”, advierten organizaciones civiles.
Este proceso judicial ocurre en un contexto marcado por la persecución directa del periodista. El pasado 9 de abril, González Valdez fue detenido con uso excesivo de la fuerza por elementos de la policía estatal tras intervenir en defensa de un motociclista. Pasó 36 horas detenido y fue acusado de “lesiones a un agente” y “faltas a la autoridad”.
En un caso paralelo, también fue sentenciado al pago de dos millones de pesos por presunto daño moral al titular de Comunicación Social estatal, Walther Patrón Bacab. Según denuncia el propio periodista, sus propiedades fueron embargadas de forma ilegal para garantizar el pago de la sanción.
Uso faccioso del poder
Los abogados defensores han señalado que Sansores presentó la demanda en su calidad de ciudadana, pero usó a funcionarios públicos y recursos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para litigar el caso, violando así la ley.
