Con candidatos cercanos a la Gobernadora panista María Eugenia Campos Galván como virtuales ganadores, el Poder Judicial de Chihuahua tomará una nueva forma a partir de septiembre, en medio de cuestionamientos por presuntas imposiciones partidistas y vínculos con antiguos operadores políticos del estado.

De acuerdo con un reportaje de Animal Político, al menos 35 de las 40 magistraturas que integrarán el nuevo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fueron ganadas por personas con vínculos directos con el actual Gobierno estatal, el Partido Acción Nacional (PAN) o figuras políticas del pasado, como el exgobernador priista César Duarte Jáquez, hoy procesado penalmente por peculado y asociación delictuosa.

Entre los perfiles que encabezarán estas instancias destaca Marcela Herrera Sandoval, exfuncionaria del gabinete de Campos Galván, quien suma más de 117 mil votos y es la virtual presidenta del TSJ. Herrera fue directora de Profesiones de la Secretaría de Educación y Deporte al inicio del sexenio y no tiene experiencia previa en la función jurisdiccional.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al Consejo de la Judicatura estatal, será encabezado por Francisco Javier Acosta Molina, también exconsejero jurídico del Gobierno estatal y militante panista desde 2019, quien encabeza la votación con más de 92 mil sufragios.

La elección judicial celebrada en junio fue calificada por expertos como un proceso “corporativo y partidista”. Leonardo Meza Jara, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en Chihuahua, señaló que los resultados reflejan una lógica gubernamental más que judicial. “Morena no logró posicionar a sus candidatos, lo que muestra que fue una elección controlada por las estructuras tradicionales del poder”, dijo al medio nacional.

Solo seis de las 30 magistraturas del TSJ habrían sido ganadas por perfiles identificados con Morena, según el análisis de Animal Político. En el TDJ, únicamente Jazmín Yadira Alanís Reza, exfuncionaria del Gobierno de Javier Corral, exgobernador panista hoy senador por Morena, tendría cercanía con ese partido.

El penalista César Cabello Ramírez, quien impulsó el sistema de justicia acusatorio en el estado, advirtió que los nuevos nombramientos “llegan con una nota de compromiso político muy alto”, lo que pone en entredicho la imparcialidad judicial. “Lo que importa no son los nombres, sino quiénes están detrás de ellos”, apuntó.

Entre los próximos magistrados figuran también personajes con nexos con el exgobernador Duarte. Tal es el caso de Rubén Aguilar Gil, exasesor jurídico y político durante su mandato, y Hortencia García Rodríguez, la jueza que en junio permitió a Duarte enfrentar su proceso en libertad.

También destacan Andrés Alfredo Pérez Howlet, actual coordinador de asesores de la Secretaría General del Gobierno estatal y vinculado al PRI, así como otros funcionarios en activo del Ejecutivo panista.

Las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina quedaron en manos de perfiles cercanos al PAN: además de Acosta Molina, se encuentran Yadira Gramer Quiñónez, consejera jurídica de la Gobernadora y militante del partido desde 2023; Luis Daniel Meza González, actual funcionario de la Auditoría Superior del Estado; Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, exsecretaria del Sistema Estatal Anticorrupción y esposa del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Alanís Reza.

Gramer y Meza aparecieron en panfletos y listas de votación presuntamente distribuidas por funcionarios estatales, una práctica que fue denunciada por académicos y observadores electorales.

El TDJ será responsable de sancionar conductas de jueces y personal del Poder Judicial y su presidencia será rotativa cada dos años. Todos los magistrados durarán en el cargo seis años y no podrán reelegirse.

Con una conformación que mezcla militancia, vínculos políticos y escasa experiencia jurisdiccional en varios casos, el nuevo rostro del Poder Judicial en Chihuahua enfrenta el reto de preservar su independencia frente a una realidad en la que, según expertos, los colores partidistas podrían tener más peso que la impartición de justicia.

Con información de Animal Político