En México no existe aún un registro de las niñas y niños adoptados, es solo hasta 2022 que se hace el intento de crear uno.

Esto presenta más de un problema, puesto que no solamente está el desconocimiento de las cifras, lo que es aún más preocupante, no hay una manera de saber con certeza que esos niños y niñas adoptados están en efecto en un buen hogar o si terminaron en un hogar disfuncional o siendo explotados por quienes deberían cuidarlos.

Es indispensable tener registros confiables para poder prevenir que las prácticas que ponen en riesgo la salud y el desarrollo de los menores de nuestro país no queden impunes.

Juan Martín Pérez, activista por los derechos de los niños de la niñez y coordinador de ‘Tejiendo Redes Infancia’, declara que un indicador clave de corrupción en el tema de adopciones es justamente la ausencia de datos.

Tristemente, se llega a priorizar el negocio (que, por cierto, la adopción ilegal en México es gran negocio) «por encima de la acción institucional».

El equipo del Podcast ‘Antiimpune’ de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se dio a la tarea de investigar en distintas fuentes gubernamentales los datos que existiesen sobre la cantidad de niños adoptados en el país y se encontraron con que existían diferentes respuestas en cada sitio.

Se llegó a la conclusión de que no hay claridad ni certeza en los datos sobre las adopciones realizadas por año, por ejemplo, en 2021, según datos de gobierno, solo se concluyeron 10 adopciones de acuerdo con lo registrado por el DIF Federal, sin contar las adopciones en instituciones estatales.

Un registro nacional que solamente cuenta con información pública provisional a modo de infografía cuenta solamente 67 adopciones concluidas en 2021, sin embargo, los datos de 23 de los 31 estados se encuentran en ceros, esto quiere decir que los DIFs estatales no le han compartido su información al órgano federal.

No hay un registro centralizado, y no es sino hasta 2014, cuando se creó la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, vigente a la fecha, que se pedía mantener un registro de todo, desde la cantidad de centros de asistencia al menor hasta cuantas adopciones se hacen. Pero esto se ha quedado en intenciones, pues desde mediados del sexenio anterior y hasta lo que va del actual, la creación de la base de datos con esa información sigue en construcción.

Una problemática notoria por la que faltan datos, es la falta de comunicación de los DIFs locales con los estatales y estos con el nacional, son independientes entre ellos, por lo que no existe realmente manera de forzar a un DIF local para que comparta sus datos con el órgano nacional.

Los procesos de adopción muestran claras irregularidades, tanto es así que existen casos de funcionarias y funcionarios públicos que se han quedado con menores de maneras muy irregulares.

El caso más grave documentado que da testimonio de esto es el ocurrido en Sonora en el sexenio de 2009 a 2015; donde tras investigaciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República, sacaron a la luz la existencia de una red de traficantes dentro del mismo gobierno.

Dicha red le robaba bebés recién nacidos a madres en situaciones vulnerables, bajo la falsa declaración de haber nacido sin vida o métodos similares. Para posteriormente entregar esos bebés robados a parejas que habían pagado hasta 150 mil pesos por ellos.

Dicha red descubierta en 2015 abarcaba colaboradores desde hospitales públicos hasta la oficina del entonces gobernador, Guillermo Padres, que posteriormente cumpliría una sentencia en la cárcel, pero por motivos distintos a la red de tráfico de bebés.

Fue hasta 2017 que la CNDH emitió una recomendación respecto al caso donde se confirmó la cifra oficial de menores robados en al menos 22, sin embargo, también se alertó que el DIF no informó del destino final de alrededor de 682 menores que estuvieron bajo su resguardo en algún momento durante el antes mencionado sexenio.

No hubo funcionarios sancionados por este caso.

Si bien las adopciones por medio de instituciones públicas muestran enormes fallos, los procesos mediante instituciones privadas no están necesariamente exentos de fallos. Inclusive tanto la ONU como UNICEF han hecho múltiples recomendaciones a México para prohibir que organismos privados realicen procesos de adopción, para evitar con ello que se vuelva un negocio.

Existen, de hecho, organismos como ‘Vifac’ que se rigen bajo valores religiosos y que han sido abiertos respecto a su interés final que es prevenir los abortos.

Estas instituciones de corte religioso ofrecen asilo y apoyos a mujeres embarazadas en condiciones vulnerables y hacen las conexiones y los procesos de adopción con parejas que cumplen con sus valores católicos; estos sitios pueden ser muy cerrados y elitistas con el tipo de parejas a las que consideran aptas para darles un menor en adopción.

Actualmente, los organismos privados deben coordinarse con su DIF correspondiente para llevar a cabo procesos de adopción. Puesto que ahora solo el DIF tiene facultad para actuar los procesos.

¿Qué tan difícil y complejo es adoptar en México?

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia describe la adopción de la siguiente manera:

«La adopción es el medio por el cual aquellas niñas, niños y adolescentes que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y, estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta».

El proceso de adopción nacional, a grandes rasgos, es el siguiente:

Los cónyuges deben tener al menos 2 años de casados

Los concubinos deben demostrar una convivencia ininterrumpida de al menos 2 años

Personas físicas solteras deben ser mayores de 25 años

Ambas partes deben estar listos para considerar al adoptado como hijo propio, cumplir el requisito de edad (25 años) y ser mayores que el adoptado por al menos 17 años.

Los requisitos son aplicables a cualquier persona que solicite la adopción, no se puede hacer exclusión o preferencia por motivos de religión, género, origen étnico, condición social, estado civil o preferencias sexuales, entre otros, que puedan atentar contra la dignidad y los derechos humanos.

Los solicitantes deben contactar a la Dirección de Adopciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de solicitar la Ficha de Inscripción al “Curso de Inducción a personas solicitantes de adopción”.

Acreditar el 100% de asistencias en los cursos de inducción, de donde obtendrán la correspondiente Constancia.

Contactar a la Dirección de Adopciones, para programar una Entrevista previa a la integración de expediente, con el objetivo de detectar áreas de oportunidad a fortalecer antes de iniciar con el trámite de adopción.

Una vez acreditado el curso, los solicitantes tiene 60 días para naturales para integrar su expediente con los documentos aplicables:

*Constancia del curso de inducción

*Carta de voluntad dirigida al DIF con especificación del perfil del menor que se desea adoptar.

*Documentos de identidad

*Dos Cartas de recomendación de personas que conozcan la intención de los solicitantes por adoptar.

*Certificados médicos y pruebas toxicológicas.

*Constancias de antecedentes no penales, comprobantes de domicilio y constancia laboral.

*Fotografías del hogar donde habitan los solicitantes y de convivencias familiares.

Para más información y los requisitos completos, se pueden consultar en: https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/adopciones

. Montse Wimber

Con información de: Antiimpune Podcast «Adopción en México: abandono y negligencia, de la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad