La Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua alerta que 59.1 por ciento de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras están contaminados

La corrupción es el principal problema para garantizar el derecho humano al acceso al agua. La sequía es muy seria, además, porque acentúa y hace más evidente la situación que aqueja a todo el país. Para muestra, hagamos un recorrido de muestra.

En el norte de Estado de México y su colindancia con Hidalgo, la zona de Soyaniquilpan siempre fue conocida como una gran fábrica natural de agua hasta que los manantiales y pozos comenzaron a secarse alarmantemente, dejando sin agua a las comunidades locales y vecinas como las del municipio de Jilotepec. La razón, que en 2019 se estableció en la zona una embotelladora extranjera, proveedora de grandes cadenas de supermercados, sobreexplotando 23 pozos.

Todo irregular. Los terrenos fueron adquiridos mediante presiones y corruptelas en contubernio con caciques locales. La concesión para explotar el agua la obtuvieron luego de que en 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto eliminó las vedas en 300 cuencas hidrológicas que abrieron la puerta a una lluvia indiscriminada de concesiones de explotación de agua por parte de privados, sin considerar los riesgos y daños.

Más al norte, en el pueblo mágico de Bernal, en Querétaro, once comunidades obtienen muy poca agua, si acaso por tandeo, proveniente de un venero, porque una transnacional productora de pollo tiene 21 pozos acaparados, igualmente al amparo de una concesión.

En Coahuila, pobladores de los municipios laguneros de Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco I. Madero de plano tuvieron que promover un amparo para obligar a sus autoridades locales a garantizar su derecho humano al agua, ya sea por tubería o pipas. Falta ver hasta qué punto se cumple esa disposición judicial.

Monterrey es el caso más conocido y tal vez radical de la escasez de agua que azota a gran parte del país. Más allá de la sequía, hoy sabemos que el 57 por ciento del líquido en esa ciudad no se destina comúnmente a la población, sino a las grandes industrias. La más abusiva, Ternium, anunció recientemente, como si fuese una dádiva generosa, que cedería tres de sus múltiples pozos para aportar 150 litros por segundo a la red de abasto de esa zona metropolitana, que necesita agregar por lo menos 3 mil litros por segundo para resolver mínimamente el gran problema.

Muy grave que todo esto se advirtió hace más de una década y no se corrigió. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales alertó sobre 220 conflictos por ese recurso natural que hoy están ahí. Más aún, de acuerdo con información oficial de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua, el 59.1 por ciento de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras que se monitorean están contaminados por el mal uso que se hace de ellos y las descargas residuales que muchas industrias hacen irresponsablemente sin observar las normas de tratamiento.

La corrupción es sistémica y va desde los organismos gubernamentales que administran el líquido vital, hasta quienes abusan de sus concesiones y quienes no tienen escrúpulo alguno en robarlo y contaminarlo. Poniendo El Dedo en la Llaga, el especialista Juan Francisco Bustamante explica que el huachicoleo de agua llega hasta los piperos que la cargan de donde sea, no la pagan y la venden como su estuviera perfectamente potabilizada a quienes no tienen de otra más que comprarla, frente al acaparamiento abusivo de las concesiones.

El presidente López Obrador señala que ya no se han dado más concesiones no solo de agua, sino de industrias extractivas que la usan en grandes volúmenes para evitar que el problema se haga todavía más grande.

Hay que ir mucho más al fondo. Hace falta una legislación sin temor a los costos políticos. Hace falta enderezar todo lo sistémicamente desviado.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ