Cd. de México a 20 junio 2019.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE) determinó que no hay delito qué perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ya que los ilícitos han prescrito.

De acuerdo con el diario Reforma, «por los hechos de 2012, la Fiscalía investigaba a Emilio Lozoya, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña, y a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, ex titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI».

El 3 de junio el fiscal Vademar González Ramírez, asentó en el documento que le entregó a la juez federal Luz María Ortega Tlapa: «Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012».

La acusación surgió cuando en 2017, altos directivos de la constructora brasileña acusaron a Lozoya de recibir 4 millones de dólares para financiar la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto.

En el video dado a conocer por el equipo de periodistas Quinto Elemento Lab, contiene la segunda parte del testimonio de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la empresa Odebrecht en México.

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Y de acuerdo con Reforma, el fiscal González Ramírez confirmó que «esos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014».

La primera parte se habría entregado para la campaña de Peña y el otro monto fue a cambio de obtener contratos de Pemex.

En cumplimiento a este mandato, el 3 de junio la FEDE determinó que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas y no pueden ser castigadas.

Nota completa en Reforma.