La defensora nicaragüense, Ana Quirós, denunció que autoridades nicaragüenses la humillaron, insultaron, privaron de su libertad y le revocaron su nacionalidad sin ninguna explicación, luego de que asistiera a una cita migratoria en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el pasado 27 de noviembre.

En conferencia de prensa, en Costa Rica, Ana Quirós explicó que luego de ser citada por la DGME, permaneció detenida en la cárcel de “El Chipote”, donde autoridades le tomaron fotos, registraron sus huellas dactilares, humillaron e insultaron, sin explicaciones.

Sin ayuda jurídica, agregó, y sin recibir documento alguno, funcionarios de migración le leyeron una resolución en la que anulaban su nacionalidad como ciudadana nicaragüense, la cual tenía desde 1997. Se le prohibió regresar a este país hasta después de 5 años.

Después de leer el documento, autoridades la trasladaron esposada, en un vehículo hasta la frontera, hicieron que se cambiara de ropa pues llevada una sudadera que tenía le leyenda de “Nicaragua”  mientras le preguntaban de manera constante su nombre, nacionalidad y edad.

Resaltó que hay más de 600 presas y presos políticos, no obstante, reiteró que a pesar de estos actos de represión, el movimiento feminista y las defensoras de DH seguirán en la lucha  hasta que cada “uno de ellos vuelvan con sus familias”, estén en libertad y “no tener que temer a quienes hoy con el poder de las armas, asesinan, detienen, secuestran y desaparecen a nuestros hermanos”, declaró.

Actualmente, la defensora se encuentra en Costa Rica, país al que fue deportada, sin embargo destacó que pronto volverá a Nicaragua.

Por su parte, integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) informaron que la DGME ha citado a más defensoras de DH y feministas, por lo que consideraron que estas acciones son una estrategia más de represión contra su labor, cometidas desde la presidencia de este país, por Daniel Ortega.

NUEVA ESTRATEGIA CONTRA ORGANIZACIONES

Integrantes de IM-Defensoras, repudiaron la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua  de derogar la “personería jurídica” al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), tres días después de que su directora, Ana Quirós fue ilegalmente deportada.

En un comunicado, explicaron que al quitarle la “personería jurídica” a CISAS, la organización ya no podrá desarrollar los servicios de salud gratuita que brindada a la población nicaragüenses, pues le quita el reconocimiento a la organización para “asumir una actividad o una obligación” , además de que deberá entregar todos sus bienes al Estado en un plazo de 10 días.

De acuerdo con el documento remitido a la organización, ésta fue culpada por gestionar, recibir y facilitar fondos para alterar el orden público en Nicaragua así como realizar actividades que no corresponden a los fines por los cuales fue creada, por lo que el 29 noviembre el parlamento de esta asamblea aprobó la derogación con 71 votos a favor y 16 en contra.

Las integrantes de la organización resaltaron que esta acción es parte de una estrategia de represión que el gobierno de este país busca aplicar contra más organizaciones nicaragüenses que dan servicios gratuitos de salud o asesoría jurídica de Derechos Humanos de este país.

Ante ello, demandaron la inmediata revocación de la decisión de la Asamblea Nacional y el cese inmediato de la campaña de criminalización y de los ataques contra organizaciones feministas y el resto de los movimientos sociales de este país e hicieron nuevamente un llamado a la comunidad internacional solidarizarse con la situación y pronunciarse a través de sus redes sociales.

18/AEG/LGL