Durante tres días y en cuatro mesas de trabajo, 120 representantes del sector público y privado, personas defensoras del territorio, activistas, científicos, investigadores y organizaciones civiles presentaron en la Cámara de Diputados sus propuestas para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, en una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La cuarta y última mesa de trabajo, a cargo del sector público, reunió a las secretarías de medio ambiente de los estados y municipios, además de autoridades ambientales federales como Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
¿Qué exigieron los estados sobre información y defensores?
Norma Elvia Martínez Santos, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California y representante de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, afirmó que la nueva ley «no representa un simple ajuste administrativo sino una actualización histórica para superar el marco legislativo que nos rige desde 1988».
La funcionaria sostuvo que la iniciativa debe dar certeza en la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, garantizar el acceso libre a la información y fortalecer la justicia ambiental en los estados, además de armonizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con las leyes de residuos y economía circular.
Exigió que se eliminen «las barreras para que ningún expediente ambiental quede oculto por reglas generales o por el silencio de alguna autoridad», pidió que no se otorguen atribuciones sin facultades o instrumentos para ejercerlas, y propuso crear mecanismos de prevención y reserva de identidad para las personas defensoras del territorio.
Los estados de Hidalgo, Chiapas y Colima propusieron medidas de atención, prevención e investigación dentro de la propia actuación ambiental, y pidieron que la ley precise quién recibe las alertas, cómo se coordinan los mecanismos de protección y qué garantías rigen en el uso de datos personales.
¿Qué plantearon para los ríos y el ordenamiento del territorio?
Angélica Lizeth Jiménez Hernández, directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima, advirtió que la reforma debe ser «el motor de un verdadero federalismo ambiental» donde los estados sean coautores de las soluciones y no simples espectadores, y no un ejercicio de centralización ni un trámite burocrático.
Propuso incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica desde el diseño de planes y programas, evitar consultas «exprés» y clarificar su articulación con la Evaluación de Impacto Ambiental posterior para no duplicar trámites, además de hacer vinculantes los Programas de Ordenamiento Ecológico, como los ordenamientos por cuenca, para el otorgamiento de licencias.
Además demandó reglas vinculantes para evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos de los proyectos, proteger los hábitats críticos —montañas, selvas, humedales, cenotes y costas— bajo el principio precautorio, y una política climática con impuestos que permitan la interoperabilidad entre la federación y los estados.
Karina Castillo López, de la Comisión para el Saneamiento y Restauración del Río Lerma Santiago de la Comisión Nacional del Agua, sostuvo que la restauración de los ríos altamente dañados no puede abordarse limpiando solo el cauce ni evaluando descargas aisladas, porque se omite la acumulación continua de contaminantes.
Propuso elaborar programas integrales de cuenca con línea base de fuentes contaminantes, metas, responsables e indicadores de seguimiento, crear un «Capítulo de Salud Ambiental y Prevención de Riesgos a la Salud» y obligar a reparar los daños bajo el principio de que «quien contamina paga».
¿Qué propusieron contra el «narcoambiental» y las omisiones del Estado?
Roberto Hernández Juárez, investigador del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, afirmó que con frecuencia el Estado es el mayor infractor ambiental al autorizar obras públicas sin evaluaciones adecuadas, y citó como ejemplos el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la ampliación del Puerto de Cuyutlán y los proyectos Saguaro LNG y Vista Pacífico.
Propuso prohibir que las autoridades se declaren incompetentes ante estos proyectos sin adoptar medidas cautelares urgentes, tipificar como agravantes la participación de funcionarios, el ocultamiento de datos y la omisión de inspecciones, y garantizar canales seguros, reserva de identidad y protección efectiva para juventudes, comunidades y defensores ambientales.
También planteó combatir al «narcoambiental» —redes que controlan bosques, agua, minerales, vida silvestre, suelo y residuos mediante violencia, corrupción y empresas fachada— con una estrategia nacional, coordinación permanente entre autoridades ambientales, financieras, aduaneras, fiscalías y seguridad pública, y un Registro Público de Infractores Ambientales.
«Cuando el Estado tolera la destrucción el crimen ambiental deja de esconderse y comienza a mandar en las comunidades», advirtió Hernández Juárez. Al cierre, la diputada Gabriela Benavides Cobos informó este 2 de octubre de 2026 que durante siete días más recibirán propuestas en el correo comarnat@diputados.gob.mx de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.