Únicamente 11 cuerpos policiales estatales cuentan con protocolos para regular el uso de la fuerza, pese a que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), promulgada en mayo de 2019, obliga a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno a regular, evaluar, registrar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza. Así lo revela un estudio de la organización Causa en Común que exhibe el incumplimiento generalizado de la norma. Dos tercios de las corporaciones policiales del país contravienen la ley. El dato es elocuente: a siete años de la promulgación de la LNUF, la mayoría de las policías estatales opera sin reglas claras sobre cuándo y cómo pueden emplear la fuerza, en qué circunstancias y con qué límites. El informe detalla el rezago punto por punto. A finales de 2025 había 123 mil 790 personas en funciones operativas en las policías estatales, sin contar a la Ciudad de México. Sin embargo, apenas dos estados presentaron manuales que regulen las técnicas para el uso de la fuerza, ninguna entidad implementó el programa de evaluaciones periódicas que exige la ley y solo cuatro policías estatales proporcionaron datos mínimos en sus informes públicos sobre uso de la fuerza, como detenciones y fallecimientos. Tampoco existe una periodicidad mínima establecida para las prácticas de tiro de precisión y reacción, lo que significa que los agentes que portan armas no tienen garantizado un entrenamiento continuo y evaluado. El estudio también aborda las condiciones laborales de los policías. En 2024, el 55 por ciento de los policías municipales percibía sueldos inferiores a 15 mil pesos mensuales. En materia de seguridad social, el 97 por ciento de los estatales tenía acceso a alguna forma de protección, frente a solo el 53 por ciento de los municipales. La precariedad salarial y la falta de prestaciones dibujan un panorama de abandono institucional hacia quienes están en la primera línea. La Silla Rota, en un especial periodístico, vinculó el rezago con la eliminación del FORTASEG —el subsidio federal para el fortalecimiento de las policías municipales— y con la falta de seguimiento al modelo policial que se intentó construir en años anteriores. El diagnóstico de Causa en Común plantea una paradoja incómoda: México exige a sus policías enfrentar al crimen organizado con profesionalismo, pero dos tercios de las corporaciones ni siquiera cumplen la ley que regula el uso de la fuerza. Sin protocolos, sin evaluaciones y sin datos públicos, el uso de la fuerza queda a discreción de cada agente y de cada mando. La consecuencia es doble: por un lado, la ciudadanía queda expuesta a abusos sin mecanismos claros de rendición de cuentas; por otro, los propios policías operan sin el respaldo de reglas que los protejan de acusaciones y les den certeza jurídica. Siete años después de la LNUF, el reto no es legislar más, sino hacer cumplir lo ya legislado. Mientras eso no ocurra, el uso de la fuerza en México seguirá siendo una zona gris donde la ley existe en el papel pero no en las calles.

dolantogel