Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dio un mes a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para presentar un plan que pacifique la entidad, refuerce a las corporaciones policiacas y defina los recursos necesarios para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el estado.

El plazo fijado por la mandataria federal llega después del episodio ocurrido en Cuautla, donde se liberó a José David «N» tras la retención de funcionarios, un hecho que exhibió públicamente la fragilidad de las instituciones de seguridad morelenses y encendió las alarmas en Palacio Nacional.

Morelos se ha convertido en uno de los focos rojos de la violencia en el país, con una disputa territorial entre grupos delictivos que ha elevado los homicidios, las extorsiones y los ataques contra autoridades municipales en los últimos meses.

La exigencia presidencial coloca a González Saravia, emanada de Morena, bajo una presión inédita: deberá articular en 30 días una estrategia integral que convenza al gobierno federal de que el estado puede recuperar el control de su territorio.

El plan deberá contemplar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que en varias regiones operan con personal insuficiente, salarios bajos y equipos obsoletos, condiciones que las hacen vulnerables a la infiltración del crimen organizado.

Además, la gobernadora tendrá que transparentar cuántos recursos requiere para la tarea, en un momento en que la federación revisa con lupa las transferencias a los estados en materia de seguridad pública.

El caso de Cuautla, con la liberación de un presunto delincuente tras la retención de funcionarios, reveló el grado de desafío que enfrentan las autoridades locales y se convirtió en el detonante de la intervención directa de la Presidencia.

Especialistas en seguridad han advertido que Morelos requiere una intervención sostenida y coordinada entre los tres niveles de gobierno, pues las estrategias reactivas de corto plazo no han logrado contener el avance de la violencia en la entidad.

El reloj ya corre para la gobernadora: en un mes deberá entregar a la presidenta un documento que marque el rumbo de la pacificación de Morelos o enfrentar las consecuencias políticas de no cumplir con el ultimátum federal.

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