La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este martes de política la orden de captura emitida por una juez de Estados Unidos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 95 años. La mandataria fijó su postura durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, donde además vinculó la medida judicial con el calendario electoral estadounidense.
"Pienso que es político y tiene que ver también con la elección de noviembre —desde mi punto de vista— y los votos que quieran ganar de un lado y de otro", expresó la presidenta al ser cuestionada sobre el tema.
La Fiscalía de Florida anunció el lunes que obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas.
El fiscal general de Florida, James Uthmeire, sostuvo que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, participó en la cadena de mando que autorizó el derribo de las aeronaves.
La orden estatal se suma a una acusación federal presentada en mayo pasado en Estados Unidos contra el exmandatario cubano.
La presidenta vinculó el anuncio con los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, en los que se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado, y que siguen con atención gobiernos de todo el mundo.
Con su declaración, Sheinbaum situó el caso en el terreno de la disputa política interna estadounidense y no en el del debate jurídico sobre los hechos de 1996, que ella no abordó en su respuesta.
La lectura de la mandataria es que la persecución judicial contra una figura de 95 años, retirada desde hace años de la vida pública, responde menos a una urgencia legal que a la conveniencia de posicionarse ante un sector del electorado.
México ha mantenido durante décadas una relación diplomática cordial con Cuba, que no se ha interrumpido con los cambios de gobierno, y la declaración de este martes se inscribe en esa línea histórica de no confrontación con la isla.
La respuesta de Palacio Nacional también marca una distancia frente al fiscal de Florida, cuya decisión de impulsar una orden estatal se añade a la vía federal ya abierta en mayo y eleva la presión sobre el exmandatario.
Para Sheinbaum, el momento elegido para anunciar la orden, a dos semanas de las elecciones legislativas, no es casual: las acusaciones contra figuras emblemáticas del régimen cubano suelen reaparecer en ciclos electorales en Estados Unidos.
La mandataria no adelantó si el gobierno mexicano tomará alguna medida concreta frente a la orden, pero su descalificación pública anticipa que México no acompañará la narrativa impulsada por la fiscalía de Florida.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el viejo litigio entre Washington y La Habana, que ha oscilado entre el endurecimiento de sanciones y los intentos de acercamiento, y que ahora se reactiva en plena campaña.
La posición de Sheinbaum, en todo caso, deja claro que su gobierno interpreta el movimiento judicial como una pieza más del ajedrez electoral estadounidense, y no como una exigencia de justicia que México deba suscribir.