Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.
El Senado de la República aprobó este martes la reforma constitucional que exige tener única y exclusivamente la nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno capitalina. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122.
La reforma establece que cualquier persona que tenga otra nacionalidad, incluso por nacimiento, deberá renunciar a ella antes de registrarse como candidata o candidato, y mantener esa condición durante todo el mandato. Con ello, tendrán prohibido usar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos en otro país o solicitar la protección diplomática de otro Estado.
En la discusión, la coalición de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sostuvo que exigir exclusivamente la nacionalidad mexicana por nacimiento garantiza la lealtad institucional, la soberanía nacional y la certeza en el ejercicio del mando ejecutivo. Según los legisladores, la reforma no retira la doble nacionalidad a la ciudadanía en general ni vulnera a la comunidad migrante.
¿Por qué la oposición acusa una reforma regresiva?
Senadores de Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN calificaron la reforma de regresiva, discriminatoria y carente de sustento técnico. Denunciaron que estigmatiza a la población migrante al tratarla como ciudadanía de segunda y que subordina el ejercicio de los derechos políticos a los trámites, costos y tiempos de los consulados extranjeros donde se realicen las renuncias.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma es redundante respecto del artículo 32 constitucional y que, paradójicamente, entrega la soberanía a otros gobiernos: «la renuncia deberá acreditarse ante el Estado extranjero con sus trámites, con sus costos, con sus tiempos; así la posibilidad de que una mexicana o un mexicano compita para gobernar en su propio país dependerá de una oficina en Washington, en Madrid o en París».
La panista Laura Esquivel Torres tachó de contradictorio el discurso oficialista frente a los aportes de los migrantes: «Morena solo quiere dos cosas de los migrantes: su voto y su dinero… quiere que sostengan a México desde fuera, pero que no estén representados dentro». La priista Claudia Anaya advirtió que se afectará a más de cuatro millones de mexicanos nacidos en el país que tienen doble nacionalidad y cuestionó la falta de diagnósticos: «¿cuál es el caso concreto en el que la doble nacionalidad haya puesto los intereses de México al servicio de otro país?».
¿Quiénes votaron a favor y quiénes se abstuvieron?
La reforma fue aprobada con los 86 votos necesarios por parte de Morena, el PT y casi toda la bancada del PVEM, con excepción del senador Luis Armando Melgar. Gerardo Fernández Noroña defendió que la Constitución puede fijar reglas de elegibilidad, como ocurre con los límites de edad: «¿dirían ustedes que se discrimina a los jóvenes porque nadie menor de 35 años puede ser Presidente?».
El morenista Ricardo Sheffield aportó su testimonio personal de haber renunciado a la nacionalidad estadounidense a los 18 años, hace más de 40. La discusión atrajo al Senado a Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien acudió a persuadir a los legisladores de no respaldar la iniciativa, a la que calificó de «pésima», y pidió a los senadores nacidos en Estados Unidos que se abstuvieran. Sin embargo, Javier Corral y el propio Sheffield votaron a favor, mientras que Cecilia Guadiana se ausentó con licencia los días 29 y 30 de septiembre.
El requisito de nacionalidad única aplicará a partir de los procesos electorales de 2028 y no afectará a quienes ya estén en funciones. Por ello, Jasmine Bugarín —nacida en California y virtual candidata del Partido Verde y Morena a la gubernatura de Nayarit, cuya elección será en 2027— no está obligada a renunciar a su nacionalidad estadounidense. La reforma deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.
