Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026. Reporteros Sin Fronteras (RSF) volvió a incluir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de depredadores de la libertad de prensa, tras documentar ataques contra al menos ocho periodistas que cubrían los hechos violentos registrados después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
La lista anual de 2026 fue presentada este lunes, con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y agrupa a 33 actores señalados por sus ataques contra periodistas y medios de comunicación en el mundo, entre dirigentes políticos, cárteles de la droga y organizaciones que, según RSF, amordazan deliberadamente a la prensa.
En el caso mexicano, la organización documentó amenazas, agresiones físicas, disparos contra vehículos y robo de equipo de trabajo durante la cobertura de narcobloqueos, enfrentamientos y otras acciones violentas desencadenadas por la muerte del dirigente criminal. Las agresiones se registraron en Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán, donde integrantes de grupos delictivos habrían utilizado la intimidación para impedir que los periodistas documentaran los acontecimientos.
Entre los casos documentados se encuentra el del reportero Otoniel Martínez, de Azteca Noticias, quien denunció que el vehículo en el que viajaba con su equipo recibió disparos mientras realizaba labores informativas en Jalisco. En la misma entidad, Lupita Martínez, periodista de Vallarta Al Momento, fue despojada de su automóvil por hombres armados mientras cubría las consecuencias de la operación militar contra el líder del CJNG.
En Sinaloa, Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, del periódico Noroeste, fueron golpeados y despojados de sus herramientas de trabajo durante la cobertura de los hechos. En Tamaulipas, Guadalupe Castorena, de El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y equipo durante la cobertura de los llamados narco-bloqueos, mientras que Jesús Humberto González, de Cambio Press, fue retenido, golpeado y amenazado cuando se disponía a grabar los disturbios en la zona.
Los dos últimos casos registrados por RSF fueron en Guanajuato y Michoacán. En el primero, Ian Martínez, periodista del periódico Correo, fue amenazado por hombres que viajaban en una camioneta y le ordenaron dejar de cubrir los hechos. En Michoacán, un periodista que pidió no revelar su identidad fue intimidado a través de una llamada anónima para que no publicara la información de lo que estaba ocurriendo en su región.
RSF advirtió que estas prácticas forman parte de los mecanismos de intimidación empleados por las organizaciones criminales para controlar la información difundida en las regiones bajo su influencia. La organización subrayó que los periodistas locales constituyen uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia del crimen organizado, especialmente quienes investigan actividades delictivas, corrupción y posibles vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y funcionarios públicos.
La inclusión del CJNG entre los depredadores del periodismo no es nueva. En 2025, RSF ya había identificado a la organización criminal como una de las amenazas más graves contra la libertad de información en México, y señaló que tres periodistas fueron asesinados en zonas donde operaba el cártel mientras cubrían asuntos relacionados con el narcotráfico, la seguridad pública o la corrupción local.
El señalamiento ocurre en un país donde, según los registros de RSF, 169 periodistas han sido asesinados desde 2006, de los cuales 98% eran comunicadores locales. La organización documentó, además, que al menos 34 periodistas fueron torturados antes de ser asesinados, y que en la gran mayoría de los homicidios no se ha logrado esclarecer por completo el móvil ni identificar a los autores intelectuales.
Ante ese panorama, RSF exigió investigaciones eficaces y medidas urgentes de protección para quienes informan sobre las actividades del crimen organizado. La organización hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que investiguen los hechos del 22 de febrero y garanticen que cubrir la violencia no se convierta, por sí mismo, en un riesgo mortal para la prensa local.