Querétaro es una de las siete entidades del país que todavía criminalizan el aborto, de acuerdo con una investigación de la sección Sabueso de Animal Político. Pese a amparos favorables, protestas y el cambio de mayoría en el Congreso local, la despenalización no avanza y las colectivas sostienen la defensa del derecho a decidir.
28 de septiembre de 2026
El caso de Esmeralda ilustra la criminalización que persiste en la entidad. La adolescente de la comunidad indígena de Huimilpan fue víctima de violación por un familiar tres años mayor en 2023 y quedó embarazada sin saberlo. En 2024, a sus 14 años, tuvo un aborto espontáneo y la Fiscalía General del Estado la acusó de homicidio calificado.
Aunque los cargos se retiraron el 30 de octubre de 2024 y Esmeralda nunca pisó la prisión, la joven no ha recibido justicia por la violación de la que fue víctima. Su historia es recordada por activistas como ejemplo de uno de los marcos legales más restrictivos del país en materia de autonomía reproductiva.
¿Por qué Querétaro sigue criminalizando el aborto?
El Código Penal queretano, en sus artículos 137 al 142, castiga el aborto con hasta tres años de prisión, salvo cuando el embarazo sea resultado de violación o por «culpa» de la persona embarazada. No contempla la despenalización a partir de un plazo de semanas de gestación, como ya ocurre en otras entidades.
La profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Alejandra Martínez, señala que ni la primera legislatura sin mayoría absoluta del Partido Acción Nacional (PAN) ha logrado avanzar en el catálogo de derechos humanos.
«Por mucho tiempo Acción Nacional no lo ha permitido, pero actualmente Morena tampoco», afirmó Martínez en entrevista para la investigación.
¿Qué ha hecho el Congreso local para frenar la despenalización?
Tras las elecciones de junio de 2024, la LXI Legislatura quedó instalada el 26 de septiembre con 25 integrantes: Morena tiene 10 legisladoras y legisladores y es el grupo mayoritario, seguido del PAN con siete. Aun así, la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas sigue detenida.
Dicha iniciativa fue presentada el 31 de octubre de 2024 por el diputado morenista Arturo Maximiliano García Pérez y Mayra Dávila, fundadora de la asociación civil Adax Digitales A.C., con el objetivo de reformar el Código Penal y la Ley de Salud estatal.
El 30 de octubre de 2025, los diputados panistas Enrique Correa y Guillermo Vega aprobaron en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia un dictamen que rechazaba la despenalización. Activistas denunciaron que la sesión se convocó sin informar la votación y que solo se invitó a grupos religiosos y antiderechos.
El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sinuhé Piedragil, declaró que la discusión quedará pendiente durante su gestión: «¿Para qué llevar una discusión polarizada?». En marzo de 2026, el Frente Nacional por la Familia entregó 64 mil 497 firmas contra la despenalización, recibidas por diputados del PAN.
¿Cómo responden las colectivas ante la falta de avances?
Ante la cerrazón legislativa, las colectivas impulsan la despenalización social y la jurídica. La asociación civil las apapacho, conformada en 2018 en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha brindado información y donado medicamentos para abortar a alrededor de mil personas, la mayoría mujeres cisgénero y también personas de la diversidad sexogenérica.
Adax Digitales A.C., asociación feminista surgida en la Sierra Gorda de Querétaro, sostiene desde hace años un banco de misoprostol y cuenta con voluntarias en distintos municipios del estado.
En 2023, Adax Digitales presentó junto con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) el amparo 1093/2023 para declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto. En abril de 2024 obtuvo una resolución favorable en primera instancia, pero el Congreso interpuso el recurso de revisión 192/2024.
La resolución del magistrado federal Alois Rütter Castro declaró inconstitucionales los artículos, pero limitó el acceso a los servicios de salud a la asociación que litigó y eliminó la obligación de los diputados de derogar la penalización. En agosto de 2026, la asociación tramitó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para lograr una sentencia firme.
Hasta hoy, el Congreso de Querétaro mantiene intacto el Código Penal, a pesar de que los artículos que criminalizan el aborto ya fueron declarados inconstitucionales, como documentó la sección Sabueso de Animal Político.