Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para 2027 con 322 votos a favor y 115 en contra, dejando en firme una reforma fiscal que preocupa al sector empresarial y que ya es analizada por despachos de abogados ante la posibilidad de amparos.
Tres cambios concentran la inquietud de las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. El primero es el tope a las deducciones: solo podrán deducirse hasta el 96.67 por ciento de los ingresos acumulables —o el 99 por ciento si las deducciones son menores a ese límite—, lo que restringe una de las herramientas centrales de la planeación fiscal.
El segundo cambio toca los pagos provisionales: se establecen factores fijos para estimar el coeficiente de utilidad. Uno de ellos, de 1.0658, elevaría los pagos en alrededor de siete por ciento; el otro, un factor fijo de 2.6162 por ciento, podría elevar el pago provisional hasta en 200 por ciento en algunos casos, un salto que las empresas consideran desproporcionado.
El tercer ajuste limita al 50 por ciento de la utilidad fiscal la amortización de pérdidas acumuladas, aunque amplía de 10 a 20 años el plazo para deducirlas. Para las compañías que arrastran pérdidas de ejercicios anteriores, la medida reduce significativamente el alivio fiscal disponible cada año.
Especialistas de despachos como Pérez-Llorca y Hogan Lovells Cadwalader coinciden en el diagnóstico: la reforma tiene un marcado carácter recaudatorio y busca anticipar el flujo de recursos al gobierno. Consideran que existen argumentos sólidos para impugnarla y anticipan que los amparos procederían a partir del 17 de febrero de 2027, con los pagos provisionales, y en 2028, con la declaración anual del ejercicio 2027.
Desde el gobierno, la reforma se defiende como un instrumento para cerrar espacios de elusión y fortalecer los ingresos públicos en un contexto de crecientes necesidades de gasto. Los legisladores que votaron a favor sostienen que los topes no afectan a la mayoría de los contribuyentes y que solo impactan a las grandes empresas.
El sector privado, en cambio, advierte que el endurecimiento fiscal puede desincentivar la inversión en un momento en que el país compite por atraer capitales con el nearshoring. Cámaras empresariales han pedido mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda para revisar los efectos de los factores fijos antes de su entrada en vigor.
La ruta judicial ya está trazada: en los próximos meses se definirán las estrategias de amparo y, eventualmente, será la Suprema Corte la que tenga la última palabra sobre una de las reformas fiscales más ambiciosas de los últimos años.