El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó la demolición de dos torres del condominio Punta Paraíso, construidas de manera irregular sobre la playa de San Pancho, en Bahía de Banderas, Nayarit, tras negar por unanimidad el amparo a la empresa Pacific Lifestyle Properties.
San Francisco, Nayarit, 12 de octubre de 2026.
La resolución, emitida en la sesión del 7 de octubre de 2026, puso fin a un litigio de seis años impulsado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por afectaciones a la Zona Federal Marítimo Terrestre y a terrenos ganados al mar. Con el fallo quedaron confirmadas las sanciones impuestas a la empresa: la restitución a su estado base de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar mediante la demolición de las obras, el pago de una multa de 96,220 pesos y la pérdida de bienes en beneficio de la Nación respecto de las obras identificadas como Edificio A, «Torre 1», y Edificio B, «Torre 2».
«Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental, pues implica que prevalezca la protección del ecosistema, la recuperación de la superficie afectada y la salvaguarda de los bienes nacionales», afirmó la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
¿Qué pasó con las torres frente al huracán?
Días antes del fallo, se dio a conocer que dos de las tres torres del condominio están en peligro de desplomarse a consecuencia del fuerte oleaje y los vientos provocados por el huracán Rachel, por lo que el inmueble fue desalojado y clausurado. Los videos del oleaje golpeando los cimientos del desarrollo se hicieron virales: el mar se tragó la playa frente al hotel y llegó hasta la base de las torres, lo que habitantes de la zona describieron como un «karma», pues la comunidad siempre se opuso al proyecto.
¿Cómo empezó el conflicto?
Los antecedentes se remontan al 13 de agosto de 2009, cuando la Semarnat otorgó a la empresa una concesión sobre 1,469.92 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, destinada exclusivamente a mantener el área en estado natural. Años después, la empresa desarrolló el complejo turístico: en 2017 presentó la manifestación de impacto ambiental y la Semarnat autorizó el proyecto de manera condicionada, con medidas para proteger vegetación, fauna y tortugas marinas.
Sin embargo, en noviembre de 2017 la Profepa inspeccionó el predio tras recibir denuncias y encontró una malla ciclónica fuera del polígono autorizado, con ocupación parcial de Zona Federal y terrenos ganados al mar. La autoridad ordenó retirar la estructura y, ante el incumplimiento inicial, impuso una clausura parcial temporal el 8 de diciembre de 2017. Desde entonces, la empresa litigó contra las sanciones hasta que el tribunal colegiado resolvió en definitiva.