Maricarmen Abascal salió en camilla de la casa en la que había vivido 71 años. Su desalojo, a los 87, detonó protestas en varias ciudades de España y presionó al Gobierno, que este martes aprobó extender hasta 2030 la protección contra desalojos de personas vulnerables sin alternativa de vivienda.

La emblemática Puerta del Sol de Madrid volvió a amanecer repleta de casas de campaña. Desde el sábado, centenares de personas han ocupado esta plaza para exigir soluciones a la crisis de vivienda, y entre las lonas y los sacos de dormir un nombre se repite una y otra vez: Maricarmen. Los manifestantes mantienen su campamento en el centro de Madrid mientras exigen contención de los alquileres y freno a la especulación.

Maricarmen Abascal tiene 87 años y una discapacidad del 50 por ciento reconocida oficialmente. Llevaba 71 años viviendo en el mismo domicilio, en el barrio madrileño de Retiro, cuando el pasado 23 de septiembre fue desalojada y trasladada en ambulancia al hospital. Las imágenes de la mujer saliendo de su casa en camilla dieron la vuelta al mundo y convirtieron su caso en el símbolo de una crisis de vivienda que lleva años agravándose en España.

¿Cómo ocurrió el desalojo que encendió las protestas?

El desalojo se produjo después de varios intentos frenados con ayuda de sindicatos de vivienda. Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, asegura que el de Maricarmen fue el cuarto intento: «paramos tres intentos de desahucio y en el cuarto desgraciadamente se produjo. Más de cien efectivos policiales, más de diez camionetas y no se dejó entrar a la prensa para que no quedaran imágenes». La vivienda es propiedad de la empresa Urbagestion, que planteó unas condiciones de renta que Maricarmen no podía pagar.

La movilización tiene antecedentes: el 5 de abril de 2025, decenas de miles de personas salieron a las calles en cerca de 40 ciudades españolas para protestar por el encarecimiento y la escasez de vivienda. En la acampada conviven jóvenes y mayores: Natalia, de 22 años, denuncia que los alquileres ahogan a su generación y cuenta que a los 11 años su familia fue expulsada de su casa para subir la renta; Paca, de 78 años y en silla de ruedas, tiene previsto un desalojo de su casa el 30 de noviembre. También está Camila, estudiante mexicana de la Universidad Complutense, que afirma que «la gentrificación es un problema que se tiene que atacar de raíz».

¿Qué medidas aprobó el Gobierno español?

En medio de la protesta llegó la noticia de que Maricarmen podrá seguir viviendo en su departamento: la empresa propietaria y sus representantes alcanzaron un acuerdo que permitirá su regreso una vez que reciba el alta del hospital al que fue trasladada tras el desalojo. Un día después, el Gobierno español aprobó dos decretos con rango de ley con nuevas medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.

Entre las medidas se encuentra la extensión hasta 2030 de la protección frente a determinados desalojos de personas vulnerables, restricciones a la compra de viviendas por parte de determinados fondos de inversión hasta 2028 y nuevas medidas sobre los contratos de renta, incluidos los temporales y por habitación. Las medidas tendrán que ser ratificadas por el Congreso de los Diputados en una sesión prevista para el viernes.

La protesta también generó un enfrentamiento político: el lunes 28 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó las propuestas de vivienda del Gobierno central con una frase que después aclaró que se refería a las medidas, no a Maricarmen, mientras que el diario El País publicó que la empresa propietaria reconoce que la mujer siempre pagó su renta. Este martes, el Gobierno regional dio al Gobierno central 48 horas para desalojar la acampada de la Puerta del Sol, alegando perjuicios para vecinos y comerciantes, mientras el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, defendió que no hubo disturbios que justificaran una intervención policial.

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