La Universidad de Guadalajara (UdeG) cuenta con una amplia red de centros, organismos y dependencias que cumplen funciones académicas, administrativas y de atención a su comunidad. Sin embargo, cuando se revisan algunos de estos espacios surge una dificultad: no siempre es sencillo conocer cuánto cuestan, qué resultados entregan y si el gasto que representan corresponde con su impacto.
Tres casos permiten observar esta situación: el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED), la Defensoría de los Derechos Universitarios y UNITERRA, la inmobiliaria de la Universidad.
Las tres estructuras tienen atribuciones formalmente establecidas y realizan actividades. El cuestionamiento está en otro punto: la información pública disponible no siempre permite establecer con claridad la relación entre los recursos destinados y los resultados obtenidos.
TRES DÉCADAS DEL CEED, PERO SIN UN COSTO FÁCIL DE RASTREAR
El Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo llegó a sus 30 años de existencia en 2025. Su actividad está relacionada con la generación de estudios, investigación aplicada, consultoría, análisis de opinión y ejercicios de prospectiva.
Entre sus trabajos también se encuentra la coordinación del Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial, así como proyectos como Jalisco a Futuro.
Actualmente, el organismo es dirigido por César Omar Avilés González, quien además se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara.
El problema aparece al intentar determinar cuánto dinero se destina específicamente al CEED.
Sus recursos no aparecen identificados de manera independiente en los documentos presupuestales generales de la UdeG, sino que forman parte del presupuesto del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
En la información correspondiente a 2024 solamente se identifica el proyecto denominado “Gastos de operación para la investigación de las funciones sustantivas del CEED”, cuyo avance financiero aparece reportado en 50 por ciento.
La información, sin embargo, no permite conocer en ese mismo apartado cuánto se gastó en términos absolutos, cuántos proyectos de investigación fueron concluidos ni cuál fue el beneficio concreto de sus resultados.
El Centro cuenta con publicaciones, investigaciones y actividades académicas. Pero sin un reporte que concentre anualmente personal, presupuesto, proyectos y resultados, resulta complicado calcular indicadores tan básicos como el costo promedio de una investigación o el impacto de los trabajos realizados.
DEFENSORÍA: EL PRESUPUESTO CRECE, LOS INFORMES VAN REZAGADOS
La Defensoría de los Derechos Universitarios representa otro punto de atención.
Desde junio de 2025, la institución está encabezada por Érika Adriana Loyo Beristáin y para este año cuenta con una asignación presupuestal de 18 millones 241 mil 908 pesos.
La cifra representa un aumento de alrededor de 3.3 millones de pesos respecto al presupuesto inicial de 2025, cuando recibió 14 millones 862 mil 701 pesos.
Pero el gasto del año pasado terminó siendo todavía mayor.
Durante 2025, el presupuesto de la Defensoría fue ampliado hasta alcanzar 19 millones 204 mil pesos, de los cuales se reportó un ejercicio cercano a los 19 millones 190 mil pesos.
Frente a este nivel de recursos, uno de los principales elementos para evaluar su desempeño debería ser su informe anual.
Sin embargo, al llegar a agosto de 2026, la página de informes de la Defensoría mantiene como último documento disponible el correspondiente a 2024. Esto significa que todavía no puede consultarse públicamente el informe de 2025, pese a que ese año comenzó la gestión de la actual titular.
El último reporte disponible da cuenta de 584 asuntos recibidos y 533 concluidos durante 2024.
La mayoría no terminó en una recomendación formal. 371 asuntos fueron resueltos mediante orientación o canalización, mientras que otros concluyeron por desistimiento o falta de interés, gestiones y acuerdos de paz y convivencia.
Solamente dos casos derivaron en recomendaciones.
Las cifras, por sí mismas, no prueban que el organismo carezca de utilidad. La orientación y la canalización también forman parte de sus funciones. Pero sí dejan abierta una cuestión relevante para una institución que dispone de millones de pesos del presupuesto universitario: ¿cuántos conflictos resuelve directamente y cuál es el costo de esa atención?
UNITERRA: UNA INMOBILIARIA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD
La UdeG también cuenta con una estructura que difícilmente corresponde con la imagen tradicional de una institución académica: UNITERRA, la Inmobiliaria Universitaria.
Creada en 2006, su objetivo es administrar, desarrollar y aprovechar el patrimonio inmobiliario de la Universidad.
En 2025, UNITERRA contempló ingresos por 16 millones 740 mil pesos, frente a egresos estimados en 15 millones 560 mil pesos. La diferencia proyectada fue de 1.18 millones de pesos.
Para 2026, las previsiones aumentaron tanto en ingresos como en gastos. La inmobiliaria calcula obtener 18 millones 747 mil pesos y ejercer 17 millones 247 mil pesos, con una utilidad aproximada de 1.5 millones.
La UdeG atribuye a UNITERRA participación en más de un centenar de proyectos institucionales, entre ellos planes maestros, hospitales civiles, centros universitarios y trabajos relacionados con la sede universitaria en Los Ángeles.
Pero nuevamente aparece el problema de la trazabilidad.
Los documentos financieros muestran cifras generales, pero no permiten identificar con facilidad cuánto representa cada proyecto, quién contrató los servicios, cuánto pagó cada dependencia ni qué destino tuvieron las ganancias generadas por la inmobiliaria.
Además, la propia Universidad reconoce que UNITERRA depende en buena medida de los ingresos derivados de proyectos institucionales y plantea la necesidad de buscar fuentes adicionales de recursos y alternativas de colaboración con el sector privado.
EL RETO ES SABER QUÉ SE OBTIENE POR CADA PESO
Los tres casos muestran estructuras con presupuestos y funciones diferentes, pero comparten una característica: la dificultad para conectar de manera directa el dinero público con resultados verificables.
En el CEED, el presupuesto se encuentra integrado dentro de otra estructura universitaria; en la Defensoría, los informes disponibles presentan rezago respecto al ejercicio presupuestal; y en UNITERRA, las cifras generales no permiten conocer con precisión el costo y rendimiento de cada proyecto.
Esto no significa que las tres instituciones sean prescindibles ni que sus actividades carezcan de valor.
El problema es que, tratándose de una universidad pública, la existencia de una función no debería ser el único argumento para mantener indefinidamente una estructura.
También tendría que existir información suficiente para responder cuánto cuesta mantenerla, qué metas tiene, cuántos recursos consume, qué resultados produce y cómo se mide su desempeño.