CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró simulación de convenios, triangulación de recursos, conflictos de interés y operaciones con empresas factureras y firmas sancionadas por las autoridades fiscales al revisar los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

De acuerdo con lo revelado a Reforma por fuentes cercanas a la indagatoria, la ASF acreditó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos de las empresas de Hernández Casillas, un proveedor con nexos directos con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. El viernes por la tarde, la ASF emitió un comunicado en el que informó que cuenta con indicios de irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos en el órgano electoral, aunque no mencionó empresas implicadas ni montos.

Una de las compañías señaladas es TOL Producciones, que presentó licitaciones en bloque con Corporativo ZEG y Cajas Graf y recibió más de 300 millones de pesos en contratos con el INE durante 2025. Según las pesquisas de la ASF, esa empresa registró operaciones simuladas y se encuentra sancionada por las autoridades fiscales, de acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además de los convenios con el INE, TOL Producciones obtuvo contratos por 30 millones de pesos con organismos públicos locales electorales en varios estados.

El otro caso es el de Corporativo ZEG, también de Hernández Casillas, que obtuvo contratos por 184 millones de pesos con el INE pese a tener cinco empleados registrados. Según la indagatoria, la compañía transfirió 167 millones de pesos a otras cuatro empresas, movimientos identificados por las autoridades como parte de una presunta triangulación de recursos. La empresa, además, subcontrató servicios y recibió facturas timbradas por personas morales que tuvieron operaciones con factureras.

Cajas Graf, la tercera firma del bloque, fue beneficiada con un contrato de hasta 198.7 millones de pesos para material de la elección judicial, de acuerdo con los reportes difundidos sobre la investigación, pese a que se trata de empresas investigadas por simulación de recursos y uso de factureras.

La trama, según los mismos reportes, alcanza a colaboradores cercanos a Taddei. Uno de los casos más señalados es el de su chofer, Jonathan Navarrete Torres, quien cobraba 45 mil pesos mensuales sin declarar que era apoderado legal de Corporativo ZEG. También se menciona el nombramiento de Jesús Octavio García González, exrepresentante de ambas firmas, como director de Administración del INE, y el de Ileana Araceli Hernández, contratante en Oaxaca antes de ser nombrada en la Unidad Técnica de Igualdad de Género.

En paralelo, Latinus difundió un video en el que aparece Hernández Casillas junto a un hijo de la presidenta del INE en un hotel de París, uno de los más caros del mundo, un material que avivó el debate público sobre la cercanía entre el proveedor y la familia de la consejera presidenta.

Taddei, por su parte, descartó renunciar al INE pese a las exigencias de representantes partidistas y se deslindó de los contratos millonarios al señalar que ya no son parte de la institución. Sin embargo, el respaldo político a su presidencia se ha erosionado en la medida en que se conocen los hallazgos: tanto el oficialismo como diversos sectores políticos han comenzado a retirar el apoyo institucional a la gestión del instituto.

La investigación de la ASF, abierta de oficio, busca deslindar responsabilidades penales y administrativas por el presunto uso indebido de recursos públicos en las contrataciones del órgano electoral. El expediente se suma a una serie de cuestionamientos que pesan sobre la administración del INE desde hace meses y que ahora, con un comunicado oficial del órgano fiscalizador y montos documentados por la prensa, entran en una fase decisiva.

Lo que sigue será determinar, con pruebas y procedimientos formales, si los indicios se confirman como irregularidades y quiénes resultan responsables. Mientras tanto, el caso ya colocó al INE, el árbitro de las elecciones en México, en el centro de un debate que va más allá de los contratos: el de la confianza pública en la institución encargada de organizar los comicios.

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