Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, luego de que un juez federal autorizara la modificación de su medida cautelar. El exmandatario panista, quien enfrenta acusaciones por presunto huachicol fiscal, fue trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional hacia su residencia en el municipio de Ensenada, donde permanecerá en prisión domiciliaria.
La resolución judicial, emitida el pasado viernes 25 de septiembre, tomó en cuenta factores como la edad del procesado y su estado de salud. La defensa legal de Ruffo Appel argumentó que no existe riesgo de sustracción de la justicia, lo que facilitó la transición del régimen de reclusión en el penal de máxima seguridad al resguardo domiciliario. El Comité por la Libertad y familiares del exgobernador sostuvieron su inocencia y afirmaron que esta medida es el primer paso hacia su exoneración total.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que la empresa Ingemar, propiedad de Ruffo, presuntamente importó más de 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos en 2025 sin contar con los permisos requeridos por la Secretaría de Energía. Las autoridades estiman un daño a la hacienda pública superior a los 166 millones de pesos debido al ingreso ilegal de estos hidrocarburos al país.
A pesar del cambio en el lugar de reclusión, el proceso legal contra el exgobernador continúa su curso. De los volúmenes señalados como contrabando, las autoridades federales lograron asegurar aproximadamente 18 millones de litros en operativos realizados en los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.