Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre de 2026. Ocho empleados de la Fiscalía de Jalisco y cuatro peritos enfrentan acusaciones por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia, relacionados con el procesamiento de indicios en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
¿Por qué no avanza el caso?
La primera audiencia del caso suma cinco aplazamientos y más de un año sin poder realizarse. El rezago judicial ha impedido que el proceso avance hacia la etapa de desahogo de pruebas y alegatos.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Cipriano Manzanilla, aseguró que el retraso no se debe a su dependencia. La declaración busca deslindar responsabilidades institucionales sobre la tardanza que mantiene detenido el proceso judicial contra los funcionarios y los peritos señalados.
¿De qué se les acusa?
Los ocho empleados de la Fiscalía de Jalisco y los cuatro peritos están acusados de abuso de autoridad y de delitos cometidos en la administración de justicia. Las acusaciones están relacionadas con el procesamiento de indicios en el Rancho Izaguirre, el predio de Teuchitlán que se convirtió en uno de los casos más sensibles del estado.
El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, ha estado bajo escrutinio público por las investigaciones sobre indicios localizados en el predio. El manejo de esos indicios por parte de las autoridades es ahora materia de un proceso penal contra los propios servidores públicos.
¿Qué sigue en el proceso?
Mientras no se celebre la primera audiencia, el caso no puede avanzar a las siguientes etapas del proceso penal. La repetición de aplazamientos mantiene en la incertidumbre a las partes involucradas y prolonga la resolución de uno de los expedientes más observados de la justicia jalisciense.
Las acusaciones por delitos cometidos en la administración de justicia son competencia de la Fiscalía Anticorrupción. Su titular, Cipriano Manzanilla, ha insistido en que el rezago no es atribuible a su dependencia, en medio de la polémica por la tardanza de más de un año.