La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó este lunes una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y castigar como traición a la patria a los servidores públicos que colaboren, protejan o reciban beneficios del crimen organizado.

La propuesta plantea penas de 30 a 60 años de prisión para los funcionarios de los tres niveles de gobierno —incluidos legisladores, gobernadores, alcaldes, jueces, ministerios públicos y mandos policiales— que faciliten las operaciones de los cárteles de la droga o les brinden protección institucional.

«Quien desde el poder público pacta con el crimen organizado traiciona a la patria, porque entrega la soberanía del Estado a los delincuentes y condena a las comunidades a vivir bajo el yugo de la violencia», afirmó López Rabadán al presentar la iniciativa en conferencia de prensa.

La legisladora panista sostuvo que la colusión entre autoridades y el narcotráfico es una de las principales causas de la crisis de inseguridad que vive el país, y que los casos documentados en los últimos años demuestran que la corrupción oficial ha permitido la expansión de los grupos criminales.

La iniciativa también contempla la destitución e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, así como el decomiso de los bienes obtenidos como producto de la colusión con la delincuencia organizada.

Además, propone que estos delitos sean considerados graves y no prescriban, de modo que los responsables puedan ser juzgados aun años después de haber cometido los hechos.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación. La bancada panista confió en que contará con el respaldo de otras fuerzas políticas, al tratarse de un tema que —dijeron— trasciende colores partidistas.

«No puede haber impunidad para quienes desde el gobierno sirven al narco en lugar de servir a los ciudadanos. México necesita un mensaje claro: la traición a la patria se paga con cárcel», subrayó la diputada federal.

Organizaciones de la sociedad civil han documentado en los últimos años múltiples casos de presunta colusión entre autoridades municipales y estatales con grupos del crimen organizado, particularmente en entidades como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa.

De aprobarse, la reforma convertiría a México en uno de los países con las sanciones más severas del continente contra la corrupción vinculada al narcotráfico desde el servicio público.

dolantogel