CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que cinco empresas vinculadas entre sí habrían simulado competir durante casi una década para obtener contratos de material electoral por 2 mil 461 millones de pesos, en un esquema que concentró 77 por ciento del mercado y que alcanzó tanto al INE como a organismos electorales locales de al menos 20 estados.

El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, expuso los datos durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en el marco del escándalo de presunta corrupción que llevó a la renuncia de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, por sus acuerdos con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.

De acuerdo con el reporte presentado, las cinco compañías son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Aunque competían por separado en los procedimientos de contratación, compartían socios, representantes legales y apoderados, una coincidencia que, según el órgano fiscalizador, permitió simular competencia y repartirse las adjudicaciones entre 2014 y 2025.

El desglose presentado por Carvente detalla que Cajas Graf obtuvo contratos por mil 72 millones de pesos; Formas Finas y Materiales, por 815 millones 961 mil pesos; Corporativo ZEG, por 278 millones 717 mil pesos; Comercializadora JVLY, por 208 millones 396 mil pesos, y Seriplast de México, por 85 millones 123 mil pesos. Del total, en el periodo de 2021 a 2025 el monto de contratos identificado para dichas firmas asciende a mil 88 millones de pesos, y los contratos se dieron en 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El contralor sostuvo que las irregularidades no corresponden únicamente a la gestión de Taddei, sino que se remontan a administraciones anteriores, y recordó que el organismo fiscalizador conocía desde mayo las irregularidades que comprometían la gestión de la expresidenta. Sin embargo, aclaró que los hallazgos son de carácter preliminar y que deben madurar para llegar a resultados definitivos, por lo que al inicio de su comparecencia advirtió que hablaría de «casos hipotéticos» y no de casos definitivos, en respeto al debido proceso.

En ese mismo sentido, Carvente informó que, respecto de los contratos de la actual administración del INE, el OIC tiene abiertos 18 expedientes, de los cuales 13 permanecen en proceso de investigación y cinco en procedimiento de responsabilidades, es decir, que ya se dejó el citatorio para su audiencia inicial y formalmente ya se realizó la imputación al servidor público. Entre las irregularidades detectadas mencionó contratos con sobreprecios, proveedores que incumplieron sus obligaciones, empresas que presuntamente se hicieron pasar por otras ante el SAT y posibles acuerdos entre compañías para repartirse licitaciones.

Como ejemplo, expuso el contrato para la compra de urnas y mamparas INE/007/2025, cuya empresa beneficiaria modificó su objeto social tres días antes de la licitación, retrasó la entrega del material y logró que una multa de cinco millones de pesos se redujera a 26 mil pesos, un caso que ilustra las fallas de control que el órgano interno busca corregir.

La comparecencia también puso bajo escrutinio al propio responsable de vigilar las cuentas del INE: diputados de oposición reclamaron a Carvente por presunta omisión ante las fallas de contratación y los posibles conflictos de interés, mientras que el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, endureció la postura oficialista y reclamó consecuencias penales para la expresidenta, además de abrir un proceso amplio para esclarecer la red de proveedores, las posibles operaciones simuladas y la facturación presuntamente irregular.

El contralor indicó que la fiscalización concluirá en noviembre de 2026 y que las observaciones firmes se publicarán en el portal de transparencia a principios de enero. Recordó, además, que el único ente facultado para presentar denuncias penales es la Auditoría Superior de la Federación, una precisión que delimita el alcance de su órgano pero que no apaga la exigencia política de sanciones.

El caso, que sacudió al organismo encargado de organizar las elecciones en México, deja una pregunta de fondo: cómo fue posible que cinco empresas vinculadas concentraran durante una década el suministro de urnas, mamparas, cajas y empaques para boletas, sin que los controles internos detectaran a tiempo una simulación que hoy se cifra en miles de millones de pesos.

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