El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social pactaron un aumento salarial de 8 por ciento más base para 10 mil 939 trabajadores, en lo que se perfila como una de las revisiones contractuales más relevantes del sector salud.
El director general del instituto, Zoé Robledo, describió el acuerdo como financieramente viable y destacó que se logró en un contexto de presiones presupuestales para el sector.
El líder sindical, Rafael Olivos, defendió el monto pactado ante los cuestionamientos de la base trabajadora y sostuvo que representa el máximo alcanzable sin poner en riesgo las finanzas del organismo.
Sin embargo, la disidencia sindical no quedó conforme: mantiene protestas en varias entidades, exige un incremento de 10 por ciento e incluso anunció un paro nacional para el 30 de octubre.
Las manifestaciones se han concentrado en hospitales y oficinas administrativas, donde los trabajadores inconformes acusan que el aumento no compensa la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años.
El IMSS es la institución de salud más grande de América Latina y sus revisiones salariales suelen marcar la pauta para otras negociaciones en el sector público.
Autoridades del instituto hicieron un llamado a la calma y aseguraron que los servicios médicos no se verán afectados, pues existen protocolos para garantizar la atención en caso de paros parciales.
La disidencia, por su parte, advirtió que si no hay una nueva oferta, la movilización del 30 de octubre será de carácter nacional y podrá incluir la suspensión de labores no esenciales.
El conflicto se da en un momento delicado para el instituto, que enfrenta al mismo tiempo la regulación de la Modalidad 40 y exigencias crecientes de infraestructura y personal.
Analistas laborales señalaron que el desencuentro refleja la tensión entre la disciplina fiscal que promueve el gobierno y las demandas de una base trabajadora que se siente rezagada.
El sindicato oficial informó que el aumento se aplicará de manera retroactiva conforme a los términos del contrato colectivo de trabajo.
En tanto, las autoridades de salud reiteraron su compromiso de mantener el diálogo abierto con todas las corrientes sindicales para evitar afectaciones a los derechohabientes.
El desenlace de la negociación será observado de cerca por otros sindicatos del sector público, que preparan sus propias revisiones en los próximos meses.