Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.— El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas rendirá este martes 20 de octubre su informe anual ante la Asamblea General en Nueva York, en un momento clave para México: el organismo activó por primera vez el artículo 34 de la Convención, al considerar que existen indicios de que la desaparición forzada se practica en el país de forma generalizada o sistemática.

La activación del artículo 34, un mecanismo excepcional del tratado internacional, coloca a México bajo un escrutinio sin precedentes. El Comité ya había expresado su preocupación por la magnitud del fenómeno —más de cien mil personas desaparecidas según los registros oficiales— y por la persistencia de la impunidad en la mayoría de los casos.

Para este lunes 19, colectivos de familias de personas desaparecidas convocaron un diálogo paralelo en el que presentarán sus propios balances y exigirán que el informe del CED se traduzca en acciones concretas: búsqueda efectiva, identificación de restos, sanción a los responsables y reparación integral a las víctimas.

Las familias han sido el motor de la lucha contra la desaparición en México. Madres buscadoras, colectivos y organizaciones civiles han documentado fosas clandestinas, han presionado a las fiscalías y han llevado el tema a foros internacionales ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Estado en sus tres niveles de gobierno.

El informe del Comité se espera con atención porque puede incluir recomendaciones específicas al Estado mexicano y porque su contenido influirá en la percepción internacional sobre el compromiso del país con los derechos humanos. En años recientes, diversos organismos de la ONU han señalado rezagos en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

El gobierno federal ha sostenido que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad y ha destacado la creación de comisiones de búsqueda y el fortalecimiento de los servicios forenses. Sin embargo, los colectivos responden que los avances son lentos y desiguales, y que miles de familias siguen sin respuestas después de años de peregrinar entre instituciones.

La sesión de este martes en Nueva York será seguida en vivo por organizaciones mexicanas, que esperan que el informe mantenga la presión internacional sobre el tema. Para las familias, cada informe, cada resolución y cada recomendación es una herramienta más en una lucha que no admite pausas: encontrar a sus seres queridos.

Más allá del documento, el verdadero termómetro será lo que ocurra después: si el Estado mexicano atiende las recomendaciones o si, como ha ocurrido en otros momentos, el informe se archiva sin consecuencias prácticas para quienes buscan.

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