CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos documentados de magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo que han sido sancionados o se encuentran bajo investigación por haberse opuesto a la reforma judicial o por emitir resoluciones contrarias a los intereses de la Cuarta Transformación, según una investigación periodística dada a conocer esta semana.

El balance corresponde al primer año de funcionamiento del nuevo órgano disciplinario del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con cifras difundidas por el magistrado del Tribunal, Rufino H. León Tovar, 75 servidores públicos ya cuentan con resoluciones firmes que derivaron en 95 sanciones, mientras que otros 173 permanecen bajo investigación formal mediante procedimientos administrativos en curso.

Entre los expedientes figuran juzgadores que concedieron suspensiones contra la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Varios de los afectados, que hasta ahora habían evitado dar su nombre por temor a represalias, accedieron a relatar sus casos.

Uno de los expedientes más visibles es el de Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en Morelos, quien formó parte del grupo de casi mil jueces y magistrados federales que declinaron participar en la elección judicial y presentó su renuncia anticipada al cargo. Pese a ello, el 11 de marzo de 2026 la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina inició formalmente un procedimiento administrativo en su contra, a petición de la Secretaría de Gobernación.

El expediente se relaciona con la admisión y concesión de suspensiones provisionales y definitivas dentro del juicio de amparo 1251/2024, promovido contra el proceso de reforma judicial. A la exjuzgadora se le atribuye una presunta contravención a la Ley de Amparo, desacato a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un supuesto conflicto de interés para frenar una facultad del poder reformador.

Magaña López ha sostenido que el procedimiento en su contra responde a una persecución selectiva y ha denunciado que otros juzgadores que otorgaron suspensiones similares no enfrentan investigaciones. En declaraciones públicas afirmó que ningún juez debería ser procesado administrativamente por el sentido de sus resoluciones y aseguró que la orden de iniciar el procedimiento provino del gobierno anterior, con la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación como denunciante.

Otro caso es el del juez de Distrito en retiro José Antonio Lozano Batarse, quien enfrenta un procedimiento por haber admitido una demanda y concedido parcialmente una suspensión provisional contra la reforma judicial. El juzgador aseguró que una denuncia que ya había sido desechada por el Consejo de la Judicatura Federal fue reactivada y ampliada.

Los casos han generado cuestionamientos de juzgadores y organizaciones del sector sobre los alcances de los procedimientos disciplinarios y su posible impacto en la independencia judicial, en un momento en que el nuevo Poder Judicial surgido de la elección continúa tomando forma.

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