CIUDAD DE MÉXICO.- En una sesión maratónica que se prolongó por más de diez horas, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la llamada «ley antimemes», una reforma que castiga con cárcel y multas millonarias el uso indebido de la imagen institucional del Estado mexicano.
El dictamen se avaló primero en lo general con 312 votos a favor, aportados por Morena, el PT y el PVEM, frente a entre 109 y 119 sufragios en contra de la oposición, integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Tras el desechamiento de 177 reservas presentadas por los opositores, la aprobación en lo particular quedó en 281 votos a favor y 87 en contra.
La reforma modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar con entre uno y cinco años de prisión, además de multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 117 mil y 1.17 millones de pesos, a quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica institucional, los dominios de internet o los documentos oficiales con la intención de inducir al error para cometer un ilícito.
Los impulsores del dictamen sostienen que la medida busca combatir el fraude y la suplantación de identidad, fenómenos que —afirman— se han multiplicado con la clonación de logotipos, páginas de internet y comunicados de dependencias públicas para cometer estafas o difundir desinformación con apariencia de oficialidad.
El bloque opositor votó en contra y advirtió que la redacción del texto deja la puerta abierta a criminalizar la sátira y el humor político. Durante el debate, legisladores de oposición pidieron incorporar una exención explícita para los memes, la parodia, el humor y la labor periodística, una propuesta que la mayoría rechazó de manera reiterada.
«La intención es proteger al Estado de la suplantación, no perseguir el humor», argumentaron en tribuna los diputados de Morena, quienes aseguraron que la ley solo se aplicará cuando el uso de la identidad institucional se haga con fines comerciales y con la intención de inducir al error para cometer un delito.
La discusión se extendió por más de diez horas y estuvo marcada por los señalamientos de la oposición de que el dictamen vulnera la libertad de expresión garantizada en la Constitución. Los opositores advirtieron que, aun con el requisito de la intención de cometer un ilícito, la definición de «inducir al error» es lo suficientemente amplia como para inhibir a creadores de contenido y medios de comunicación.
Concluida la votación, el dictamen se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la reforma entrará en vigor una vez que sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La ley antimemes es una de las reformas más controvertidas del actual periodo de sesiones y su aprobación anticipa una nueva discusión en torno a los límites entre la protección de la identidad institucional y el ejercicio de la sátira en el espacio digital, un terreno donde México apenas comienza a legislar.