Desde el inicio de 2025, el Congreso de diversos estados ha decretado la desaparición formal de siete ayuntamientos en México. Esta medida administrativa sobrevino tras la detención de los respectivos presidentes municipales, acusados de delitos que van desde la extorsión y el lavado de dinero hasta la desaparición forzada y el homicidio. Los estados afectados son Puebla, con cinco casos; Chiapas, con uno; y Oaxaca, con uno.
Los procesos de desintegración no fueron inmediatos tras las capturas. En la mayoría de los incidentes documentados, la detención del titular del Ejecutivo local provocó la renuncia en cadena de los miembros del Cabildo o la imposibilidad operativa de mantener la integración del órgano de gobierno. Ante esta situación, los Congresos estatales procedieron a revocar los mandatos, declarar la desaparición del Ayuntamiento y designar Concejos Municipales para asumir la administración.
Entre los casos destacados se encuentra el de Frontera Comalapa, Chiapas, donde el alcalde interino José Antonio Villatoro Herrera fue capturado por presuntos vínculos con el crimen organizado. En Puebla, la familia González Vieyra enfrentó la detención de tres alcaldes en los municipios de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires. Los casos más recientes se registraron en los municipios poblanos de Esperanza y Tepeyahualco durante septiembre de 2026.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, las autoridades han detenido a 111 funcionarios públicos por presuntos nexos con estructuras delictivas. Actualmente, el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, enfrenta un proceso similar tras la aprehensión de su alcalde el pasado 23 de septiembre.