Cancún, 1 de octubre de 2026. A cuatro años de la despenalización del aborto en Quintana Roo y con 447 servicios de salud brindados por el gobierno estatal, colectivas feministas advierten que el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo sigue siendo la gran tarea pendiente. La falta de difusión pública, las barreras en insumos y la persistencia de carpetas de investigación demuestran, dicen, que la ley es apenas el piso jurídico.
Silvia Chuc, maestra en salud pública e integrante de la organización Gobernanza MX, señala que el principal obstáculo institucional está en la prestación cotidiana del servicio. La ley es el piso mínimo jurídico, afirmó, pero el Estado tiene que poner todo lo demás para que la población pueda conocer, acceder y ejercer ese derecho.
¿Por qué no basta con despenalizar?
En la entidad no existen campañas permanentes que acerquen la información a la ciudadanía. El informe De la Despenalización al Acceso, elaborado en 2026 por REDefine Quintana Roo, revela que el propio personal sanitario reconoce que la difusión de los Servicios de Aborto Seguro es escasa, depende de recursos limitados y se ha restringido a folletos esporádicos o publicaciones aisladas en redes sociales.
Chuc ejemplifica la deficiencia con un caso concreto: con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Seguro, la Secretaría de Salud estatal publicó en Facebook un mensaje para recordar que el aborto es un derecho, pero omitió indicar direcciones, horarios o requisitos para acceder al servicio.
Para superar el cuello de botella, Gobernanza MX propone una estrategia de comunicación integral con señalética visible en hospitales del IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar y la SESA, articulación con los centros de salud del primer nivel, caravanas de salud para zonas alejadas y difusión permanente y laica en medios digitales y de comunicación pública. A ello se suman la falta de medicamentos, la escasez de personal capacitado y barreras geográficas que golpean sobre todo a comunidades rurales e indígenas.
¿Sigue la criminalización cuatro años después?
La despenalización tampoco erradicó el uso del aparato punitivo: entre enero y agosto de 2026 se iniciaron ocho carpetas de investigación por el delito de aborto en la entidad, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las activistas exigen supervisar la procuración de justicia para evitar arbitrariedades.
La criminalización social se mantiene viva mediante el estigma y la violencia. Integrantes del movimiento reportan acoso de grupos religiosos a las afueras de clínicas privadas como Medi Stops, que afecta a usuarias y personal médico, además de constantes campañas de hostigamiento en entornos virtuales. Chuc denuncia un patrón reiterado de agresiones en redes sociales, desde insultos hasta amenazas explícitas de violencia física y de muerte, que amenaza con escalar al plano físico en localidades pequeñas donde las activistas están identificadas.
En el marco del 28 de septiembre, las colectivas demandaron al gobierno estatal garantizar servicios oportunos en todo el territorio, una estrategia pública y permanente de comunicación con ubicaciones exactas y protocolos claros, abastecimiento de insumos y capacitación al personal, regulación de la objeción de conciencia como derecho individual sin que se vuelva un obstáculo institucional, y mecanismos transparentes de monitoreo.
Desde Gobernanza MX reiteran que mantendrán el diálogo institucional con evidencia técnica, pero subrayan que tras cuatro años del fallo judicial la respuesta del Estado debe ser inmediata: despenalizar no alcanza, el derecho a decidir debe salir del papel y llegar a cada centro de salud de Quintana Roo.