Este lunes se presentará un nuevo informe con los avances del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con líneas de investigación, búsquedas y detenciones. Lo darán a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán, a 12 años de los hechos.

28 de septiembre de 2026

«Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal Alejandro Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido a partir de información, tanto del uso de los teléfonos en esa noche y madrugada como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas», dijo al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 25 de septiembre, un día antes del aniversario 12 del caso Ayotzinapa.

La presentación del informe estará a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán. El sábado, al cumplirse 12 años de la desaparición de los normalistas, sus familias encabezaron una vez más una marcha en la Ciudad de México y en un mitin desde el Zócalo, madres y padres de los estudiantes reiteraron su exigencia de justicia.

¿Qué incluirá el nuevo informe del caso Ayotzinapa?

«Es lo que van a informar el lunes, tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, las nuevas detenciones que se han realizado, como la de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y sus razones», agregó la presidenta durante su conferencia matutina. El informe incluirá información sobre líneas de investigación, búsquedas y detenciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

El mismo sábado, a través de las redes sociales, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, afirmó que «las madres y los padres de los jóvenes normalistas siguen en el centro de nuestros esfuerzos». «Con ellos mantenemos un diálogo respetuoso y permanente para escuchar sus planteamientos y dar respuesta a sus legítimas demandas», añadió el funcionario federal.

¿Qué exigen las familias de los 43 estudiantes?

En particular, las familias pidieron que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la entrega de los más de 800 folios militares que un juez federal ya había ordenado proporcionar. «Respetamos y reconocemos los avances en las investigaciones del Estado, pero seguimos sin saber dónde están los 43. Y así llegamos hoy a los 12 años», expresó Isidoro Vicario Aguilar, abogado de las familias de los estudiantes desaparecidos.

La exigencia de abrir los archivos militares llegó a este aniversario con un antecedente judicial reciente. El pasado 19 de febrero el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió un amparo promovido por las familias y ordenó entregar información de inteligencia militar de 2014. De acuerdo con el Centro Prodh, el juzgado identificó un faltante de aproximadamente 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, y la falta de continuidad en la numeración fue considerada un indicio de que la información estaba en poder de las autoridades militares.

En su último informe, el GIEI documentó que el Ejército contaba con información en tiempo real sobre los ataques y con comunicaciones relacionadas con el posible destino de los jóvenes. También denunció negativas reiteradas a entregar documentación, incluida la negación de archivos que los investigadores ya habían encontrado. El gobierno federal descartó la llamada «verdad histórica» construida durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque se han descalificado peritajes forenses de expertos internacionales y se ha liberado a detenidos que confesaron su participación.

¿Qué dice la CNDH sobre su recomendación que exculpa al Ejército?

El mismo día de la movilización en la Ciudad de México, el 26 de septiembre, y tres días después de que las madres y padres de los 43 normalistas se manifestaran frente a su sede sin que fueran recibidos, la CNDH emitió un pronunciamiento en el que expresó su compromiso con las familias e insistió en defender la recomendación que publicó el 9 de julio de este año en la que se exculpa al Ejército de lo ocurrido.

«Lo que contiene la recomendación está perfectamente sustentado y documentado. Nada de lo que en ella se expone es inventado, ni producto de una narrativa de escritorio», aseguró el organismo. En la Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas sobre el caso Ayotzinapa, se cuestiona los informes del GIEI, así como de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y de organizaciones civiles.

La CNDH concluyó que, aunque hubo presencia militar en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes. Sin embargo, al menos 20 militares han sido señalados dentro de investigaciones judiciales relacionadas con el caso, por distintos delitos vinculados como la presunta alteración de la investigación, delincuencia organizada, tortura, omisiones y desaparición forzada.

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