Morelos es el único estado de la región central de México que no ha despenalizado el aborto y forma parte de las siete entidades que siguen sin dar ese paso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo promovido por dos médicas de la entidad que podría sentar un precedente para la despenalización por la vía judicial.

28 de septiembre de 2026

Apenas la semana pasada se abrió una nueva posibilidad para esa lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo promovido por dos médicas de la entidad, lo que podría ser un precedente para la despenalización por la vía judicial, dada la oposición del Congreso local a legislar en la materia. Se trata de uno de los primeros recursos promovidos en todo el país por personal de salud.

La solicitud de reasunción de competencia 156/2026 del Estado de Morelos fue analizada el jueves pasado por la SCJN, que definió atraer el asunto, lo que le permitirá abordar un ángulo crucial, desde la perspectiva del personal de salud, activistas, colectivas y organizaciones que impulsaron el recurso: la protección y no criminalización del personal de salud que atiende y acompaña a quienes deciden abortar.

¿Qué esperan las colectivas de la decisión de la Corte?

«Esperamos mucho esta decisión y la verdad celebramos que se haya atraído, porque nos da una posibilidad de continuar el avance para que en algún momento suceda la despenalización en Morelos», comenta en entrevista Ninde MolRe, de la organización AbortistasMX. «De ganarse este amparo, el primer efecto va a ser directo hacia las doctoras, ya no les van a aplicar los tipos penales que prohíben el aborto», agregó.

De ganarse en la SCJN, el primer efecto directo sería hacia las doctoras, a quienes ya no les aplicarían los tipos penales que prohíben el aborto; además, en la sentencia se darían argumentos para fortalecer el juicio de Sonora y otros, y se abriría la puerta a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Morelos, advierten las organizaciones, no es el único estado que todavía enfrenta barreras, vacíos legales e incertidumbre jurídica al garantizar servicios de salud esenciales como el aborto.

¿Por qué Morelos sigue sin despenalizar el aborto?

«Nosotras, como campaña Aborto Legal Morelos, hemos hecho mucho trabajo para lograr avanzar en el tema: hemos tomado las calles, hemos hecho marchas, realizado actividades culturales, fiestas, conciertos, y otro tipo de actividades, pero no hemos logrado avanzar», reclama en entrevista Tania Osiris, de la colectiva Divulvadoras y la campaña Aborto Legal en Morelos.

Aunque organizaciones y activistas han ganado al menos cuatro de los seis amparos que han interpuesto, ha sido imposible materializarlos por la nula voluntad política. La gobernadora Margarita González Saravia firmó una agenda feminista con más de 50 colectivas del estado antes de las elecciones, con el compromiso de despenalizar el aborto al iniciar sus funciones, pero el estado no ha cumplido una resolución previa emitida hace un año por la SCJN, que protege a las 48 personas que promovieron el amparo colectivo y ordena al órgano de salud llevar a cabo talleres de sensibilización, campañas informativas y capacitaciones.

Los datos muestran la dimensión del problema: Morelos suma 134 carpetas de investigación abiertas por aborto entre 2015 y agosto de 2026, 11 en lo que va de este año, con un promedio de 11 investigaciones abiertas al año en la última década. La Secretaría de Salud reporta diez clínicas y hospitales que aplican la NOM-046 para casos de violación, pero persisten los obstáculos porque personal médico se rehúsa a realizar el procedimiento o cobra tarifas elevadas.

¿Cómo está el mapa nacional de la despenalización?

Como en los últimos años, México llega a este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, con un escenario nacional aún dispar. Aunque diversas resoluciones de la SCJN consideran inconstitucional penalizar el aborto, cada entidad debe reformar sus leyes locales para garantizar su acceso legal y libre, al tratarse de un servicio de salud que sigue siendo considerado un delito en los códigos penales locales.

En 2007, la Ciudad de México fue pionera en despenalizar parcialmente el aborto voluntario, es decir, hasta las 12 semanas de gestación. Gradualmente se sumaron Oaxaca en 2019; Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima en 2021; Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo en 2022; Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y Chiapas en 2024, y en 2025 Nayarit, Chihuahua, Campeche, Tabasco, Yucatán y Tlaxcala. El aborto voluntario sigue penalizado en su totalidad en Morelos, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Durango.

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